El Fondo Monetario Internacional contra la mujer panameña
Las recientes declaraciones de uno de los más altos dignatarios de los gremios empresariales, según la cual el Presidente de la República activaría algún tipo de diálogo sobre la Caja de Seguro Social (CSS) al comenzar el segundo semestre del presente año, llama la atención sobre un hecho importante: las presiones de quienes avalan las reformas propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se van a intensificar.
Estamos, entonces, frente a un intento concertado dirigido a transformar el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual parte del falso diagnóstico de que el problema del actual sistema de pensiones no tiene nada que ver con la ruptura de la cadena de solidaridad intergeneracional provocada por la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, sino del hecho de que el mismo sigue siendo, en palabras del FMI, "generoso para los estándares internacionales".
Frente a este intento, resulta necesario facilitar la toma de conciencia de la población, a fin de que la misma no sea manipulada con argumentos falaces.
Una de las propuesta del FMI, como es conocido, va dirigida a subir la edad de jubilación de todos para inmediatamente equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Se trata de un duro impacto negativo para la población, que afecta más seriamente a las mujeres. Esto se hace claro si se tiene en cuenta que algunos de los compañeros de camino del FMI están hablando de un proceso que lleve a elevar la edad de jubilación hasta los 65 años, lo cual implicaría un incremento de la edad de jubilación de las mujeres de 8 años (actualmente la mujeres de jubilan a los 57 años).
El carácter antisocial de esta propuesta se evidencia teniendo en cuenta que la posibilidad de una jubilación temprana para la mujer panameña es un intento, insuficiente por cierto, de reconocer la gran cantidad de trabajo no remunerado que en términos de cuidados del hogar hace la mujer. Según la estadísticas disponibles de la CEPAL para el 2011 la mujer panameña en promedio realiza semanalmente 33.8 horas de trabajo no remunerado.
Si, teniendo en cuenta lo anterior, nos referimos exclusivamente al grupo de trabajadoras asalariadas existentes en agosto de 2015, se tendría que las mismas habrían realizado semanalmente 16.4 millones de horas de trabajo no remunerado, lo que significa 854.9 millones de horas anuales.
Se trata de un mecanismo que, por su naturaleza de cuidado del hogar, reduce el costo de mantenimiento y de reposición de la fuerza de trabajo, lo que lógicamente repercute en el abaratamiento del valor de la misma y de los salarios. Esto, que los economistas tradicionales consideran una simple externalidad, constituye realmente una forma de elevar las ganancias de quienes adquieren la fuerza de trabajo asalariada. En efecto, si aplicamos el valor del salario medio de las mujeres asalariadas a sus horas no remuneradas, estaríamos hablando de servicios no pagados por $2,397.7 millones anuales, sin contar las prestaciones laborales, los cuales pasan a convertirse en ganancias. Lógicamente esta suma crecería muy significativamente si incorporamos a todas las mujeres en edad de trabajar.
Adicionalmente tenemos que tomar en cuenta los factores vinculados a la discriminación de género en el mercado laboral.
Es así, por ejemplo, que según datos de la CEPAL en el 2011 una mujer con 10 a 12 años de educación recibía un salario inferior en 15.8% al de un hombre con el mismo nivel educativo. Así mismo, para dar otro ejemplo, en el 2015, de acuerdo a las estadísticas del INEC, las mujeres clasificadas en el grupo de "profesionales, científicos e intelectuales" lograron salarios medios apenas equivalentes al 87.2% del que recibían los hombres incluidos en este grupo. Esta brecha resulta, para seguir ejemplificando, sumamente elevada para el grupo ocupacional llamado "trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados", colocándose en un nivel de apenas el 79.5%.
La conclusión de todo lo anterior es que la propuesta del FMI y sus aliados locales en torno a la edad de jubilación agravaría, por su propia naturaleza, la falta de equidad que caracteriza a nuestra sociedad en general y, en particular, en su dimensión laboral y de género.
Es importante entender que el país necesita avanzar en términos de una sociedad solidaria basada en la justicia social y la sostenibilidad ambiental alejándose de la creciente inequidad que hoy la caracteriza. Lograr este objetivo precisa de una amplia conciencia nacional, acompañada de la suficiente organización y disposición de acción.
Economista
