El Gobierno contra el Seguro Social
Hace nueve años, una colusión política semejante a la que hoy pretende gobernar el país, constituida por el Partido Democrático Revolucionario, lo que hoy es el Partido Panameñista y los intereses económicos que los mismos representan, decidieron transformar radicalmente el sistema previsional del país. Nació así la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, calificada por los sectores populares como la ley de la muerte.
EL ACTUAL GOBIERNO ESTÁ PENSANDO EN LAS LLAMADAS MEDIDAS PARAMÉTRICAS: AUMENTO DE LAS CUOTAS, AUMENTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN, AUMENTO DE LA LLAMADA DENSIDAD DE CUOTAS Y REDUCCIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LAS PENSIONES.
La misma tenía como objetivo básico no solo liquidar el sistema solidario de pensiones, buscaba, además, crear un nuevo sistema que implantara una especie de solidaridad invertida. Es así que la aplicación de la Ley 51 significa que los sueldos de hasta $500.00 aportaran, en cuotas obreras y patronales, el 13.50% de su monto al fondo solidario del llamado sistema mixto. En contraste, toda aquella parte de un sueldo que supere este monto apenas aportará un 3.50% del mismo a dicho fondo solidario, siendo el resto de la cuota adjudicada a su cuenta individual. Es de esta manera que si, por ejemplo, alguien gana $450.00, aportará el 13.50% de su salario al fondo solidario, mientras que el que gana $10,000.00 mensuales, apenas aportará el 4.00% del mismo a dicho fondo solidario.
Este nuevo sistema, instaurado por la colusión PRD–panameñismo–sectores económicos dominantes, generó, además las condiciones de liquidación del sistema solidario, ordenando que todos los nuevos cotizantes tienen que entrar en el llamado sistema mixto (cuentas individuales), a la vez que separó definitivamente los fondos del sistema solidario (beneficio definido) y el del sistema mixto.
Es conocido el hecho de que el sistema solidario solo puede funcionar adecuadamente si cada generación tiene tras de sí a otra que la respalde. Es, entonces, “normal” que en todos los países que han liquidado sus sistemas solidarios, se ha establecido un compromiso del Estado para financiar las pensiones de la última generación de dicho sistema, que, por razones obvias, carece del respaldo de la generación que le sigue. El caso de Panamá es la excepción, ya que el gobierno de turno ni creó el fondo necesario para este fin ni estableció compromiso alguno para financiar el gasto previsional corriente que se generará en el futuro.
EL GOBIERNO DE TURNO PRETENDE UNA REFORMA PREVISIONAL EN LA QUE LA POBLACIÓN PAGUE POR EL ERROR Y LA FALTA DE EQUIDAD DE LA SOLUCIÓN IMPUESTA EN 2005 POR LA COLUSIÓN PRD – PANAMEÑISMO.
Hoy día es evidente que existe un claro peligro para las jubilaciones de quienes son parte de la última generación del sistema solidario. Proyectando hacia el futuro este problema, se puede afirmar que hacia 2026, las reservas del sistema solidario (beneficio definido) se habrán agotado, de manera que todas las reservas de la CSS estarán en manos del sistema no solidario (mixto). Más aún, en una proyección sencilla de ingresos y egresos se puede llegar a la conclusión de que el déficit acumulado entre 2027 y 2040 tendría un valor actual de cerca de $20,000.00 millones. Todo esto gracias a la colusión PRD – panameñismo.
Lo grave de esto está en que en sus declaraciones de campaña, algunos de los hoy altos funcionarios del gobierno del presidente Juan Carlos Varela aseguraron que la solución “debería ser compartida”. Esto significa, ni más ni menos, que el actual gobierno está pensando en las llamadas medidas paramétricas: aumento de las cuotas, aumento de la edad de jubilación, aumento de la llamada densidad de cuotas y reducción de la base del cálculo de las pensiones. En pocas palabras, el gobierno de turno pretende una reforma previsional en la que la población pague por el error y la falta de equidad de la solución impuesta en 2005 por la colusión PRD – panameñismo.
Se trata de una solución que debe ser rechazada. Si el problema lo generó el Gobierno y los intereses económicos que los apoyaron, el costo no debe recaer, entonces, sobre una generación de esforzados trabajadores que actuaron solidariamente. El Estado, por medio de la equidad tributaria y la necesaria redistribución social, debe ser quien cargue con el costo. No es un costo excesivo si se tiene en cuenta que, proyectando a la tasa histórica del PIB a precios corrientes, el costo de asegurar las pensiones de estos trabajadores no pasaría en promedio del 1.4% del PIB durante el periodo 2027 - 2040. Se trata, entonces, de una solución que un gobierno con sentido social podría resolver, con solo ponerle la mano dura a los evasores de los impuestos, eliminar la corrupción y crear un fondo fiduciario ahora. Se trata, sin embargo, de una salida poco probable en un gobierno que como el actual mantiene intacta la corrupta institución que es el PAN. ¡Nuevamente nos tocará luchar por la Seguridad Social!
