El Gobierno, destructor del agro
Los recientes acontecimientos nuevamente destacan la grave situación que vive nuestro sector agropecuario. Enfocando el problema desde el punto de vista estadístico, resulta que, utilizando el tradicional criterio de Julius Shiskin, se puede afirmar que el sector agropecuario de Panamá se encuentra en una situación de recesión, dado que su producto interno bruto (PIB) ha mostrado dos trimestres consecutivos de caída. Esto ha llevado a que durante el primer trimestre de este año, el PIB del sector agropecuario represente apenas el 1.9% del PIB total, el nivel más bajo de los últimos siete trimestres.
Si, adicionalmente, vemos el problema desde el punto de vista de las denuncias de los productores, entonces se evidencia la causa principal del problema: el exceso de importaciones promovidas por el Gobierno, las cuales saturan los mercados, perjudicando gravemente a los productores.
Detrás de toda esta problemática está la política agropecuaria que viene ejecutando el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, la cual aparece explicitada en su “Plan Estratégico de Gobierno 2014 – 2019”. Este documento, pese a que en su fase declarativa afirma que uno de sus objetivos es “recuperar la soberanía alimentaria”, en su fase de propuestas propone un aperturismo radical, afirmando que los problemas se resuelven “aprovechando oportunidades asociadas al proceso de apertura comercial”. Se trata de una política que necesariamente terminará por destruir a los productores nacionales de alimentos.
La primera razón de esta última afirmación está en los diferenciales de productividad. Es así, por ejemplo, que de acuerdo a datos disponibles para el 2011, la productividad media de un trabajador agropecuario norteamericano es catorce veces mayor que la observada en Panamá. A esto se debe agregar que los productores norteamericanos reciben subsidios por cerca de $25 mil millones anualmente.
Por otra parte, la idea de la política del actual gobierno en el sentido de que el mercado mundial de alimentos es un instrumento de asignación óptima de recursos, no se sostiene en la realidad.
En efecto, este mercado, lejos de acercarse al ideal de la competencia perfecta, constituye un mercado oligopólico dominado por las multinacionales que operan en el mismo. Es conocido, por ejemplo, el hecho de que cuatro agroempresas multinacionales controlan el 75 por ciento del comercio mundial de cereales, lo que les da un importante papel en la determinación de los precios. Más arriba en la cadena se encuentra el oligopolio de los insumos, ejemplificado por el hecho de que tres grandes empresas controlan el 54% del mercado mundial de las semillas.
En estas circunstancias, se puede concluir que la política económica seguida por el Gobierno de Panamá no responde a criterios de racionalidad económica.
En realidad, está guiada por los intereses del gran capital foráneo, así como por el de los grandes comerciantes importadores de alimentos, quienes explotan tanto a los productores como a los consumidores.
La alianza entre los productores nacionales de alimentos, los trabajadores y las clases medias constituye el elemento clave para lograr una política de soberanía alimentaria. Esta viabilizará el cumplimento del derecho humano a la alimentación de todos y todas.
Economista
