El Idaan y la privatización

El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, conocido como Tisa por sus siglas en inglés, es un tratado que se negocia en un entorno secretismo por un grupo reducido de países, entre los que se encuentra Panamá. El objetivo del mismo,  como se desprende de los documentos filtrados y divulgados por WikiLeaks, es introducir la liberalización del comercio de los servicios a nivel internacional, incluyendo  los servicios públicos, lo que significa que el mismo también se encamina a la privatización creciente de estos.  Entre los servicios más apetecidos por las transnacionales está el vinculado al agua potable, dada su alta rentabilidad potencial.
Las recientes propuestas originadas en el actual gobierno diseñadas para elevar las tarifas del agua potable, guardan relación con este interés. Estas, para comenzar, muestran la preferencia gubernamental de privilegiar los intereses del capital foráneo, tal como se desprende del hecho de que la empresa operadora de Barro Blanco, de acuerdo con el anexo G del Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica, apenas tendrá que pagar al Estado panameño la ridícula suma de $14 mil 173 anuales por la utilización del agua de río Tabasará.
La duplicación de la  tarifa del agua generaría una nueva condición de rentabilidad para el Idaan, efecto que se puede visualizar teniendo en cuenta que esto duplicaría, de manera inmediata,  hasta cerca de $270.0 millones sus ingresos anuales por  el servicio de entrega de agua potable. Se trata, evidentemente, de un movimiento que busca establecer las condiciones adecuadas para la futura privatización de la institución. Del lado de los gastos este proceso se complementa con la introducción de un plan de retiros voluntarios, al cual, según datos oficiales, se han acogido un total de trabajadores equivalente al 33.0% de la fuerza laboral del Idaan. ¡Más ingresos, menos gastos y mayores ganancias para quienes se beneficien de la privatización!
Se trata de un proyecto de mercantilización del agua, el cual choca con el hecho de que el vital líquido es un derecho humano, como lo determina la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 28 de julio de 2010 (número 64/296).  Esto se evidencia en lo inmediato en las contradicciones de la medida propuesta. En efecto, aumentar la tarifa del agua a la población de menor capacidad adquisitiva, mientras que la pérdida de la producción (agua no contabilizada) resulta ser cerca del 42% de la misma, resulta un real contrasentido que hace pagar a la población la ineficiencia física y administrativa. ¿Qué sentido tiene elevar el precio del agua a las comunidades con menos capacidad adquisitiva a quienes el agua apenas les llega por poco tiempo y a altas horas de la noche? El mecanismo de precios obviamente no va a lograr el efecto de que los sectores más pudientes reduzcan su consumo, estos mostrarán, para decirlo técnicamente, una demanda relativamente inelástica. A final de cuentas, tenemos que el actual gobierno, el cual prometió asegurar agua potable para 100.0% de la población, en la práctica ha delineado una política guiada hacia la privatización y la negación del derecho humano.
  Economista