El índice de libertad económica, una medición interesada
Hace apenas una semana, un vocero de la Apede, basado en el análisis de un grupo de eruditos a su servicio, advertía al país, con un claro toque de alarma, que el índice de libertad económica de nuestro país había sufrido una caída en el último año. Frente a esto, el presidente de esta organización declaraba en tono enérgico, pese a que la caída en dicho índice fue de apenas de 2.4%, que “es imperativo salvaguardar la libre empresa”. Resulta, entonces, importante establecer en qué medida el índice bajo discusión es un instrumento científico o, por el contrario, una herramienta ideológica al servicio de los sectores económicamente dominantes del país.
LA IDEA DEL LIBRE JUEGO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL MERCADO DE LOS BIENES ALIMENTICIOS HA LLEVADO A LA ESPECULACIÓN Y AL ABUSO SOBRE EL CONSUMIDOR...
Una primera clave para este fin la encontramos en la misma definición del índice, en el sentido de que este adquiere su máximo valor (5) cuando existe “completa libertad y apertura económica para realizar negocios”, es decir, en una situación en la que el Estado pierde toda posibilidad de regulación directa o indirecta de la economía. La hipótesis subyacente, que implica cero acción pública, es aclarada por uno de los voceros de la Apede al afirmar que “existe una relación directa entre progreso y libertad económica”. Se trata, sin embargo, de una posición que carece de bases conceptuales, así como de validación en la realidad reciente.
Desde el punto de vista de la teoría económica, Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía 2001, ha insistido en que “hoy en día, no hay apoyo intelectual respetable a la proposición de que los mercados, por sí mismos, conducen a resultados eficientes, por no mencionar los resultados equitativos”, y agrega que “cuando la información es imperfecta o los mercados sean incompletos – esto es esencialmente siempre – existen intervenciones que en principio pueden mejorar la asignación de los recursos”.
Existe, en relación con esto último, un claro consenso sobre el hecho de que la reciente crisis financiera, cuyas repercusiones aún están presentes, tuvieron en sus orígenes la desregulación del sector financiero, es decir, la plena extensión de la libertad económica para los capitales y negocios financieros, los cuales la utilizaron para generar una enorme burbuja especulativa. En el caso de Panamá, la experiencia de cada panameño y panameña muestra que, por ejemplo, la privatización de los servicios de energía eléctrica y telefonía, lejos de mejorar su bienestar, los redujo. Así mismo, queda claro que la idea del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado de los bienes alimenticios ha llevado a la especulación y al abuso sobre el consumidor, que se manifiesta en la inflación y el deterioro del nivel de vida de la población.
Otro de los planteamientos de la Apede se refiere a la idea de que la libertad económica, de acuerdo con su particular visión, lleva a una reducción de la corrupción. Es así que uno de los voceros de esta institución llegó a afirmar que “entre más libertad económica haya, menos corrupción habrá”. Se trata, nuevamente, de una afirmación carente de base real. Basta con recordar cómo en el contexto de la reciente crisis los representantes del capital financiero, de manera profundamente corrupta e inmoral, se aprovecharon de la población para su propio beneficio. No menos corrupto fue el accionar de las llamadas agencias de calificación, las cuales de manera consciente engañaron a la población en relación con la calidad de los llamados títulos derivados.
En Panamá, por su parte, es claro que los sectores económicamente dominantes son capaces de practicar, por su propia cuenta, acciones profundamente corruptas. Por ejemplo, en un cuadro publicado recientemente en la revista Martes Financiero, el 34.3% de las personas no aseguradas en el país laboran en la empresa privada, pese a que la ley hace obligatorio que los empresarios inscriban a sus trabajadores en la CSS. No se trata, debemos insistir, solo del caso de empresas relativamente informales, habida cuenta de que en agosto de 2012 un total de 83,640 trabajadores asalariados no agrícolas de las empresas del sector formal se encontraban en condiciones de informalidad, es decir, carentes de contrato de trabajo y seguridad social.
De todo lo anterior se desprende que el índice presentado por la Apede más que un instrumento de análisis científico de la realidad, constituye un aparato con una profunda carga ideológica. La llamada visión neoliberal es, principalmente, la ideología de los intereses dominantes enmascarada de ciencia económica y buenas prácticas de política. El país necesita una visión distinta, centrada en el bien común, que sea capaz de asegurar eficiencia, justicia social y sostenibilidad ambiental.
