El pacto por la gobernabilidad
El denominado pacto por la gobernabilidad entre el PRD y el Partido Panameñista está de moda y lo estará por todo el tiempo que dure y por la forma en que se vaya manifestando. Hagámosle 2 observaciones iniciales. La primera es meramente formal. Hasta donde hemos leído y visto, no estamos seguros de que el pacto en cuestión conste por escrito o es simplemente un pacto de caballeros. A esta altura debiera decirse, explícitamente, si el pacto está escrito, y de estarlo, que es lo deseable en las presentes circunstancias, debiera, entonces, publicarse inmediatamente. Cualquiera demora en la aclaración o en la divulgación del pacto corre en contra de su transparencia y viabilidad mediata.
LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS NO DEPENDE DE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN EL ÓRGANO LEGISLATIVO SE PONGAN O NO DE ACUERDO. CONCIERNE A MUCHOS ACTORES Y DEPENDE DE CONTEXTOS, NO SIEMPRE CONTROLABLES, LO QUE TRASCIENDE LA CAPACIDAD DE LOS DIPUTADOS, CONSIDERADOS EN SU NIVEL INSTITUCIONAL.
Veamos ahora las observaciones de fondo. Dudo, en primer lugar, que el pacto merezca el amplio título con el que ha sido bautizado y menos que su concepción tenga por miras la gobernabilidad del país. Dicho de otro modo: la gobernabilidad del país no depende de que los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo se pongan o no de acuerdo. No quiere decirse que los diputados no tienen papel alguno que jugar en materia de la gobernabilidad. Solo que la gobernabilidad, como tal, concierne a muchos actores y depende de contextos, no siempre controlables, lo que trasciende la capacidad de los diputados, considerados en su nivel institucional. Si juzgamos por sus primeras manifestaciones, el pacto de gobernabilidad resolvió la dirección del Legislativo, lo que incluye el control de su nada despreciable presupuesto (que es la parte oscura del pacto); la composición de sus comisiones permanentes de trabajo, especialmente aquellas que interesan y convienen a ambos partidos, pero falta por solventar la aprobación de leyes específicas tendentes a cortar el cordón umbilical dejado por el gobierno sustituido el 1 de julio pasado y la ratificación de autoridades de instituciones. Naturalmente que, y dependiendo de la evolución política del país, el llamado pacto podría seguir sirviendo para otros fines coyunturales o no tanto, pero eso dependerá, en cada caso, de que se concilien y se canjeen las pretensiones y ventajas para sus autores.
Para que el pacto partidista pueda endosársele crédito en favor de la gobernabilidad general del país, como se sugiere en su nombre, falta que se cristalicen varias decisiones del mismo Órgano Legislativo. Una de ellas se refiere al destino y uso que se les dará a las partidas circuitales. Esta decisión guarda íntima relación con la urgente necesidad que tiene el Legislativo en orden de recuperar terreno en credibilidad y prestigio. Sin esos atributos morales, el accionar del Órgano Legislativo, aunque luzca con buenas intenciones, seguirá siendo visto y captado con el prisma de su pasado, cercano y lejano, de abusos, triquiñuelas y acomodos personales para sus miembros.
Una decisión adicional alude al principio constitucional de que los diputados actúan o deben actuar en interés de la nación. Para que ese texto recupere vida, real y efectiva, es indispensable que el pacto, verbal o escrito, diga algo concreto y creíble sobre la inminente decisión de aprobar o improbar a los dos procuradores y ofrezca pistas e indicios sobre el nombramiento del contralor (a) y subcontralor (a) de la República. Si estas medidas administrativas se adoptan, como suele ocurrir, en función de los intereses del Órgano Ejecutivo, el denominado pacto por la gobernabilidad quedaría al desnudo en público, habrá tenido una vigencia prematura en lo que importa al interés de la ciudadanía y resultaría tan desesperanzador como peligroso para la verdadera gobernabilidad del país.
A la fecha, el llamado pacto por la gobernabilidad no tiene mayor importancia, por lo que ya ha generado en el marco del Palacio Justo Arosemena. Para calcular su impacto y medir su trascendencia tendremos que esperar las decisiones político administrativas señaladas.
Y una vez conozcamos la calidad de estas decisiones, entonces y solo entonces cabría decir, en propiedad, si el pacto PRD-panameñistas fue concebido y está matriculado con la gobernabilidad del país, y no que está diseñado bajo el alero de los haberes particulares.
