El país exige una explicación
Luego de las revelaciones sobre presuntos actos de corrupción en la máxima corporación de justicia del país hechas por la Embajada de Estados Unidos en Panamá y conocidas a través de WikiLeaks, lo menos que esperábamos los panameños era que los magistrados mencionados en los cables diplomáticos salieran a brindarle una explicación al país.
La ex embajadora Barbara Stephenson informó a Washington que, basada en varios testimonios, llegó a la conclusión de que, en el 2004, ocho de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia recibieron un “soborno” para archivar un expediente relacionado con un caso de tráfico internacional de armas y dejar en libertad al único detenido, el israelí Shimon Yalin.
La sola insinuación de que pudieron haber existido casos de corrupción en una institución que es pilar fundamental para la existencia misma de la democracia debe provocar una inmediata reacción, prueba en mano, de parte de la Corte.
No es la primera vez que se escucha este tipo de aseveraciones sobre fallos emitidos por la Corte. Si bien la justicia habla a través de sus fallos y no debe ventilar públicamente cada una de sus decisiones, en esta ocasión está en juego mucho más que la credibilidad de determinados magistrados, es el sistema mismo el que está en entredicho.
Mantener silencio no es la postura correcta. El país exige que la Corte brinde una explicación pormenorizada sobre estos hechos. No hacerlo le haría un daño tremendo a la institucionalidad del país.
