El país inverosímil
En ocasiones, Panamá parece un país sacado de un libro de fábulas. Es por eso por lo que, aunque parezca inaudito, es totalmente posible lo que ocurrió el lunes: autoridades municipales que tienen el deber constitucional y legal de hacer cumplir las leyes violándolas abiertamente.
Un grupo de alcaldes y representantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) provenientes de todo el país cerró por casi una hora la vía Interamericana, a la altura de Divisa, en protesta por lo que consideran un manejo parcializado de los fondos del Programa de Desarrollo Social (Prodeso).
Estas autoridades municipales cerraron la vía terrestre internacional más importante que cruza el país, en clara violación a normas constitucionales y penales.
Paradójicamente, la carta magna, en su Artículo 234, les asigna a los alcaldes el “deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Los cierres de vías son las acciones de protesta más comunes en Panamá. Desde la década de 1970, cuando los propios militares en el poder las fomentaban para transmitir un falso populismo, esta forma de llamar la atención ha cobrado mucha vigencia en la sociedad panameña.
Estos alcaldes y representantes no encontraron otra manera más apropiada para exigir el desembolso de las partidas que les corresponden a sus comunidades, que afectando a terceros.
Y son precisamente ellos los que en el futuro tendrán que ordenar a la Policía Nacional que haga cumplir las leyes en materia de libre tránsito, acatando el Artículo 310 de la Constitución.
Esta protesta también implica una posible administración irregular de fondos públicos. Resultaría cuestionable que haya un manejo parcializado del Prodeso a favor de miembros del oficialismo como denuncian los opositores.
Pero como Panamá es un país en el que cualquier cosa puede ocurrir, la denuncia de este presunto delito tampoco será investigada. La misma se sumará a la larga lista de situaciones que jamás han recibido la atención de las autoridades pertinentes.
