El Plan Navarro–Solís: ni seguridad ni soberanía alimentaria
Uno de los hechos más notables de nuestra realidad económica es el proceso de creciente deterioro del sector agropecuario, el cual amenaza con hacer colapsar la producción alimentaria del país. No solo es cierto que la participación de este sector en el producto interno bruto real se redujo de 8.0% en 2004 a tan solo 2.5% en 2012, sino que en este último año la producción de alimentos por persona fue inferior en 29.8% a la observada en 1969.
SIGUE SIENDO EL PLAN DEL CAPITAL TRANSNACIONAL, DE LOS ESPECULADORES Y DE LOS POLÍTICOS QUE EXPRESAN LOS INTERESES DE LOS SECTORES ECONÓMICAMENTE DOMINANTES.
También es un hecho notorio la manera en la que la inflación ha venido recayendo fundamentalmente sobre los bienes alimenticios. Es así, por ejemplo, que entre el 2004 y el 2012, el precio al por menor de los alimentos se elevó en cerca de 61.5%, lo que golpeó significativamente el nivel de vida de la población. Gran parte de este problema proviene de la especulación de los intermediarios, hecho que se evidencia al tener en cuenta que durante el mismo periodo, el índice de precio de alimentos al por mayor solo creció en 36.4%, dando lugar a un notable incremento del margen especulativo de ganancias.
La existencia de esta doble problemática se vincula a la política neoliberal aplicada por los distintos gobiernos, la cual tomó una de sus formas más radicales en las administraciones del PRD. Dos hechos dejan ver esto con claridad. En primer lugar, lo que se conoció como el Plan Chapman, puesto en práctica en la administración de Pérez Balladares, se guio a rechazar el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, y planteaba que “el principal elemento de una economía de mercado es que el precio de los productos y servicios se conforman en un ambiente con bajos aranceles, en los que existe libertad de competencia entre productores e importadores, sin restricciones de entrada al mercado”. Así mismo, fue esta administración la encargada de desmantelar toda la estructura institucional de regulación de precios que, siguiendo los preceptos constitucionales, buscaba la protección de los consumidores. El resultado fue desastroso: los productores quedaron a merced de la competencia externa y los oligopolios mayoristas; los consumidores quedaron duramente impactados por la especulación de los oligopolios minoristas.
El plan Navarro – Solís no solo evita reconocer los errores de la política agropecuaria de los gobiernos de Pérez Balladares y de Martín Torrijos, sino que insiste en la orientación neoliberal de los mismos, la cual ahora se trata de enmascarar con el recurso de frases demagógicas. Los ejemplos abundan.
En primer lugar, el mismo rechaza la posibilidad de que se realice una efectiva regulación de precios, incluyendo la posibilidad de congelar los precios de los bienes básicos. En efecto, si bien bajo el título “protección al consumidor”, se dice que el objetivo del programa es “vigilar y controlar los abusos de algunos comerciantes...”, lo cierto es que el mismo se niega a establecer la posibilidad de que el organismo regulador establezca precios tope, con lo que en realidad no se logra construir una institucionalidad adecuada al efectivo combate a la especulación, y se repite el viejo e inútil cliché de la época de Pérez Balladares en el sentido de que se fiscalizaría la colusión. ¿Por qué no lo hicieron en el gobierno de Martín Torrijos? Ni siquiera el compromiso de establecer los 250 mercados resulta una propuesta en firme, ya que el plan Navarro –Solís no asegura la construcción de los mismos. Este solo habla de “construir e incentivar”, y se refiere esto último al capital privado. ¿Se trata de volver a incentivar al capital especulativo?
Tampoco los productores pueden esperar mucho. En este caso, aún cuando se intenta mistificar el asunto con frases engañosas, el plan Navarro – Solís no llega a comprometerse a utilizar efectivamente el poder de compra del Estado para apoyar al productor nacional. Para que esto fuera verdad y no demagogia política, el plan debería proponer renegociar o denunciar el Tratado de Promoción del Comercio, negociado por el gobierno de Martín Torrijos. Esto explica que el plan bajo análisis se refiera a comprar prioritariamente y no obligatoriamente las cosechas nacionales. Por lo demás se mantiene la vieja cantaleta del Plan Chapman, referida a las reconversiones, la competitividad y otros elementos de los programas neoliberales, agravada ahora por la idea de usar semillas genéticamente modificadas y el rechazo de la agroecología.
En definitiva, lo que se presenta como “El Plan de Todos”, sigue siendo el plan del capital transnacional, de los especuladores y de los políticos que expresan los intereses de los sectores económicamente dominantes. Solo superando a los partidos tradicionales se pueden superar los problemas de la canasta básica.
