El precarismo
El artículo 47 de la Constitución de Panamá garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales. Por su lado, el Código Penal en el capítulo VII, relativo a la usurpación, establece en el artículo 199 que "el que invada arbitrariamente terrenos o edificios ajenos, públicos o privados, con el fin de obtener cualquier provecho, no contemplado en el artículo 197, incurrirá en las mismas sanciones señaladas en el artículo anterior", esto es prisión de 1 a 6 meses y de 10 a 50 días multa.
En la práctica, las sanciones contempladas en el Código Penal resultaron insuficientes para impedir las invasiones de tierras de propiedad pública o privada. Con acertado propósito de actualización y protección de la propiedad privada, el Consejo de Gabinete en su sesión del pasado martes aprobó un proyecto de ley orientado a la reformulación del delito de usurpación de la tenencia de bienes inmuebles públicos y privados y fortalecer las sanciones contempladas en el Código Penal.
El proyecto del gabinete ministerial propone el aumento de la prisión de 6 a 8 años contra todo aquel que promueve, induzca, financie, facilite, colabore o permita invasiones de terrenos, edificaciones, organice una parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas en terrenos privados o estatales, sin la debida autorización de propietarios o de autoridad competente.
La sanción se aumentará a la mitad si la parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas se efectúa en terrenos o zonas de preservación ambiental, ecológica y áreas protegidas, reservas para obras públicas, zonas de contaminación ambiental de alto riesgo o en zonas rurales.
Asimismo, la iniciativa del gabinete ministerial abarca a los funcionarios con mando y jurisdicción que avalen o inciten las invasiones de tierras privadas, edificaciones de propiedad privada o estatal, que podrían sufrir prisión de 6 a 8 años.
Con esta iniciativa legislativa, el Órgano Ejecutivo no solo desarrolla las garantías de la propiedad privada especificada por la Carta Política, sino que enfrenta enérgicamente el grave problema de la propagación de invasiones de tierras en acciones tipificadas como usurpaciones de bienes inmuebles que son planificadas y ejecutadas por mafias organizadas para estafar a incautos, especulando con el patrimonio ajeno.
Es notorio y evidente que la mayoría de las invasiones que se han registrado en los últimos años están muy bien organizadas. Solo hay que ver a los precaristas llegar en varios buses alquilados, con tiendas de campaña recién compradas bajo el brazo, cintas amarillas para demarcar los lotes y todo tipo de artefactos para consumar su ilegal acción.
Este mismo patrón se repite una y otra vez en diferentes puntos del país. El Estado había mantenido hasta ahora una posición pusilánime al respecto.
Esta iniciativa del Órgano Ejecutivo, propuesta por el Ministerio de Vivienda, debe ser acogida con prontitud por la Asamblea Nacional para poder sancionar drásticamente a las mafias de traficantes de tierras y de malos funcionarios que las alienten.
