El régimen alimentario de Panamá
El concepto de régimen alimentario constituye una importante herramienta en el análisis de los problemas del agro y la alimentación. Este concepto, en su versión original, desarrollada por Harriet Friedmann y Philip McMichel, se especifica como una dinámica temporalmente definida en la economía de la alimentación. La misma estaría caracterizada por un conjunto de estructuras, instituciones, normas y reglas no escritas que operan en relación con la producción de alimentos, las cuales generarían una forma de comportamiento de la acumulación de capital en esta rama de la economía.
Liberando el concepto de su origen, vinculado a la llamada escuela regulacionista, se puede establecer que el régimen alimentario se preocupa por el estudio de las relaciones sociales de producción, circulación y distribución vinculadas a la producción de alimento, destacando los procesos de generación, reproducción y transformación de dichas relaciones. Es desde este punto de vista que resulta útil hacer un esfuerzo para aplicar este concepto a la realidad nacional, en su vinculación con el mercado internacional.
EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE UN RÉGIMEN ALIMENTARIO NEOLIBERAL EN EL PAÍS HA LLEVADO A LA SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR PERSONA.
Desde esta perspectiva, salta a la vista la presencia de un régimen políticamente construido. Esto significa que el poder estatal ha sido utilizado para conformarlo, desarrolla para este fin los procesos de desregulación de los mercados y de apertura forzada hacia el exterior, lo que da lugar a un régimen alimentario incapaz de resolver los graves problemas del campo y el abastecimiento nacional de bienes alimenticios. De acuerdo con esta política, se pretende fomentar la producción de lo que se entiende que son productos de exportación de alto valor, mientras que también se busca reducir la parte relativa de la producción destinada al abastecimiento del mercado interno de alimentos esenciales para la población. Una versión acabada de esta forma de política aparece claramente delineada en el llamado Plan Estratégico de Gobierno: 2010–2014, publicado en diciembre de 2009, el que proponía “desviar el uso de la tierra de cultivos protegidos… a favor de exportaciones de alto valor agregado”. En contraste con esto, la producción de alimentos básicos para el uso local solo debería “garantizar un suministro nacional mínimo”.
El resultado del estilo del régimen alimentario que surge de la aplicación de esta visión muestra un conjunto de inconvenientes. En primer lugar, su aplicación por la vía de la producción de frutas para la exportación muestra un notable fracaso. Así lo demuestran claramente las estadísticas de la Contraloría General de la República, que señalan que entre 2007 y 2014 el valor total de las exportaciones de los cinco principales productos agropecuarios se redujo en 49.1%. Este proceso ha sido especialmente radical para las frutas, que mostraron una caída de 56.2%.
Por otra parte, el proceso de instalación de un régimen alimentario neoliberal en el país ha llevado a la significativa reducción de la producción de alimentos por persona. De acuerdo con el Banco Mundial, el índice de producción de alimentos en Panamá se redujo en un notable 19.1% entre 1990 y 2013.
Los dos rasgos anteriormente destacados han provocado una creciente carencia de soberanía alimentaria en el país. Es así que si nos enfocamos en el balance comercial de alimentos de Panamá, encontramos que mientras que el mismo resultó positivo en $300.5 millones durante 2006, el mismo se mostró negativo en $857.4 millones en 2011, producto de un nivel de importaciones de $1,301.3 millones frente a exportaciones de apenas $443.9 millones.
El aperturismo ha permitido, además, que los oligopolios de importación de alimentos utilicen su posición para especular a costa de los consumidores nacionales. Es así, por ejemplo, que mientras que, de acuerdo con el FMI, los precios de los bienes alimenticios a nivel internacional se elevaron en 39.7% entre 2006 y 2011, los precios de estos bienes al consumidor en Panamá se elevaron en 52.1%. La actual política que, infortunadamente, ha vuelto a repetir la alianza entre los importadores especuladores, las transnacionales y el Gobierno, está lejos de poder redefinir el régimen alimentario a favor de las amplias mayorías de la población. Esta ni siquiera ha logrado frenar completamente el aumento del componente de alimentos y bebidas del índice de precios al consumidor urbano, el cual en agosto de 2014 mostraba una tasa anual de crecimiento de 2.1%.
La tarea de tejer una alianza entre los productores del campo y la población trabajadora de la ciudad, incluyendo los sectores medios, es entonces una prioridad para construir un régimen alimentario alternativo. Este deberá tener su eje básico en una política nacional independiente cuyo objetivo sea asegurar la seguridad y soberanía alimentaria.
