El Salvador: recuerdan masacre

El año 1982 fue un año peligroso en El Salvador. La guerra civil había empezado dos años antes, y en las zonas controladas por los rebeldes, el ejército nacional consideraba a todos —campesinos, bebés, mujeres y ancianos— objetivos militares legítimos. En agosto de ese año, las fuerzas armadas salvadoreñas lanzaron una importante ofensiva en la región septentrional de San Vicente, una zona que los militares consideraban un baluarte de la guerrilla. A medida que se difundía la noticia de la ofensiva, las comunidades de San Vicente empezaron a huir al temer por sus vidas.

Operación “tierra arrasada”: Tras varios días y noches de bombardeos, los lugareños oyeron rumores de que los militares habían enviado tropas terrestres para terminar el trabajo. Miles de quienes aún permanecían en la zona huyeron de sus hogares, llevando a sus hijos y la poca comida que pudieron tomar, mientras la oleada de destrucción avanzaba. “El operativo lo eligieron la fuerza armada como tierra arrasada. Porque ellos querían terminar con todo, con personas y animales; en realidad, aquí las vacas que miraban las mataron. Los caballos, los perros, gatos, gallinas; los dejaron sin nada. Les incendiaron las casas, todo lo quemaron”, recordaba Felícita, una de las sobrevivientes, cuando habló con una investigadora de Amnistía Internacional este año. Avanzando con dificultad a través de la densa maleza, en medio de una fuerte tormenta, en fila india y llevando a cuestas a quienes no podían caminar, las familias trataban de escapar del ataque de unas fuerzas armadas profesionales, bien entrenadas y equipadas.

La noche del 21 de agosto, un grupo integrado por varios centenares de hombres, mujeres y niños consiguió llegar por fin a orillas del río Amatitán, al lugar conocido como El Calabozo. Planearon reanudar la marcha por la mañana. Sin embargo, al amanecer se encontraron con que había llegado el ejército.

"Ya estaban los soldados tanto arriba como abajo al alrededor, ya los tenían cerca ya, entonces ya no se podrían mover la gente, entonces que se fueron acercando. Ellos no les dieron temor de que los iban a matar, sino les dijeron que les iban a reunir y que hicieran una columna [...] ellos les gritaban que ellos no les fueran a matar por los niños pues. Pero [...] el jefe de mando dio la orden de que tenían que fusilarlos y entonces allí fueron los lamentos de la pobre gente", declaró Felícita, que había conseguido esconderse entre los matorrales con uno de sus hijos a cierta distancia.

Sobrevivir al horror: Es difícil confirmar el número de personas que murieron ese día. Según informes, los soldados, pertenecientes al Batallón Atlacatl, entrenado por EE.UU., arrojaron ácido sobre algunos de los cuerpos, y el río se llevó muchos de los cadáveres.

Treinta años después, la pérdida de su familia sigue atormentando a Jesús. Entre las personas asesinadas a sangre fría a orillas del río Amatitán estaban su madre, su padre, su hermano y su hijo de cuatro años.

Los sobrevivientes y quienes habían huido tardaron casi 10 años en regresar a sus pueblos. En 1992, algunos de ellos iniciaron un expediente judicial ante las autoridades, pidiendo que se investigaran los crímenes y que los responsables rindieran cuentas de sus actos ante la justicia.

El expediente se cerró en 1993, a pesar de las pruebas y del hecho de que la Comisión de la Verdad de la ONU, establecida tras finalizar el conflicto, también había documentado la masacre. Desde entonces, sobrevivientes, familiares y las ONG que los acompañan vienen luchando para que el caso sea juzgado.

Treinta años sin respuestas: En lo que se consideró como una medida positiva, el gobierno de El Salvador reconoció por fin, recientemente, la responsabilidad del Estado en otra masacre —en la que los soldados mataron a más de 750 personas en El Mozote, en 1981— e inició un programa de reparaciones para esa comunidad. Pero hasta la fecha no ha habido ni siquiera un reconocimiento oficial de la masacre de El Calabozo.

Ayer, sobrevivientes y familiares como Jesús y Felícita se reunieron junto al río Amatitán para conmemorar otro año de denegación de justicia, y están más resueltos que nunca a hacer que las personas que ordenaron y cometieron la masacre de sus familiares y amigos rindan cuentas de sus actos.

Miembro de Amnistía Internacional.