El Seguro Social y la agenda oculta del gobierno de Varela
El gobierno de Juan Carlos Varela se ha caracterizado por el notorio incumplimiento de sus promesas electorales, así como su reiterado recurso a los supuestos diálogos dirigidos a superar diversos problemas sociales, cuyos acuerdos son sistemáticamente violados. Así, por ejemplo, lo demuestra el caso de Barro Blanco.
Es en este contexto que se deben interpretar las palabras del presidente de la República cuando manifestó: "Iniciaremos un diálogo, en el marco de la Concertación Nacional para el Desarrollo, a fin de encontrar alternativas que nos permitan hacerle frente al déficit del Programa de Invalidez Vejez y Muerte…" En estas, para comenzar, se nota el carácter sesgado de la propuesta, la cual oculta el hecho de que la Ley 51 del 27 de diciembre del 2005 generó la existencia de dos sistemas diferenciados de Invalidez Vejez y Muerte: el solidario (benéfico definido) y el llamado mixto, fundamentado en las cuentas individuales. Más aún, el presidente omitió señalar que esa ley no solo obligó a que todos los que entraran a trabajar a partir del 2008 se inscribieran en el sistema de cuentas individuales, sino que, además, separó completamente las finanzas de ambos sistemas, generando así las condiciones que crean el déficit actuarial del sistema solidario, lo que pone en peligro la jubilación de toda una generación.
Existen, además, claros indicios de que el actual gobierno se estaría manejando con una agenda oculta. Es así que en recientes declaraciones, el ministro de Salud reconoció la existencia de un grupo de supuestos expertos que estaría trabajando sobre el tema del Seguro Social. Lo importante es que cuando se le cuestionó sobre el posible aumento de las cuotas y la edad de jubilación respondió: "En esto los expertos nos van a dar sus recomendaciones". Esto, desde luego, significa que de manera secreta y poco transparente el gobierno está preparando su agenda de reformas. En relación con esto debemos recordar que los "expertos" del Fondo Monetario Internacional le han recomendado al Gobierno elevar la edad de jubilación, equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres, así como reducir la forma del cálculo de las pensiones.
Todo esto choca con la idea de un diálogo abierto, en el que las soluciones resulten del intercambio franco dentro del mismo, evitando toda forma de imposición gubernamental. Como bien ha dicho el papa Francisco, el diálogo es "buscar el bien común", lo que implica "discutir juntos, pensar en una mejor solución para todos". El escenario en el que el Ejecutivo propone el diálogo hace parte de su estrategia oculta, ya que se trata de un espacio en el que los obreros tienen una representación muy minoritaria, la academia una diluida y los educadores ninguna. Más aún, el mismo está presidido por un ministro del actual gobierno.
Consecuentemente, los sectores que sostenemos que la solución está en la vuelta a un sistema solidario de seguridad social debemos prepararnos tanto para la batalla conceptual como para el ejercicio del sagrado derecho a la protesta pública, ejercido bajo los principios de la no violencia, pero con convicción y determinación.
Economista
