El Tratado de Promoción Comercial y el agro
En varias ocasiones nos hemos referido a los problemas que afectan a nuestro sector agropecuario, que hoy se encuentra en un estado de franco deterioro y abandono por parte de las autoridades nacionales. El futuro desarrollo del mismo, consecuentemente, resulta incierto, como un fatal movimiento que apunta hacia su definitiva desaparición, que se acelerará por las dificultades que surgen de la implementación del Tratado de Promoción del Comercio (TPC) entre Panamá y los Estados Unidos.
La primera de estas dificultades se refiere a la distancia tecnológica y de productividad que separa a ambas economías. Es así que, según datos del Banco Mundial, el valor agregado por trabajador agrícola norteamericano fue durante 2010 quince veces más elevado que el panameño. Es difícil imaginarse cómo la agricultura panameña podría cerrar semejante brecha tecnológica en unos pocos años, sobre todo si se tiene en cuenta que el propio TPC conspira contra esta posibilidad, al establecer en su artículo 3.3 la posibilidad de acortar todavía más los periodos de desgravación arancelaria. En efecto, de acuerdo con dicho artículo: “A solicitud de cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros establecidos en sus Listas del Anexo 3.3”.
A lo anterior se suma el hecho de que los agricultores norteamericanos están altamente subsidiados por su gobierno.
De acuerdo con un estudio realizado por la Reserva Federal de St. Louis hace algún tiempo, los productores agropecuarios norteamericanos recibieron en 2007 subsidios por un monto de 16.4 mil millones de dólares, cifra que resulta ser diez y siete veces el total del valor agregado del sector agropecuario panameño. A esto se debe añadir que unos 35.4% de estos subsidios fueron al maíz y otros granos, mientras que la parte que le corresponde al arroz alcanzó al 14.1% del total.
Si algún producto pudiese, aunque fuera por el simple azar, superar las dos grandes dificultades antes comentadas, todavía tendría que superar otras dos que pueden ser calificadas de barreras no arancelarias. Una de ellas se refiere a la posible utilización de las normativas antidumping norteamericanas con el fin de proteger su producción. Esta situación ha sido comentada por Joseph Stiglitz en los siguientes términos: “La filosofía subyacente del Gobierno de los EE.UU. es que los productores estadounidenses son mejores que los de cualquier país. Por ello, si un país les gana la competencia a las empresas estadounidenses, debe ser porque está llevando a cabo prácticas desleales... Demasiados estadounidenses piensan que mientras que el comercio es bueno, ¡las importaciones son malas!”.
La segunda forma de protección no arancelaria a que tendrían que enfrentarse los productores nacionales que intenten ingresar al mercado norteamericano se refiere a las normas fitosanitarias, cuyo manejo también ha sido utilizado por las autoridades norteamericanas como un mecanismo de protección de su mercado y donde los gobiernos locales se rindieron, de manera notable y vergonzosa, frente a los intereses externos. Se trata no de un problema que Stiglitz ejemplificó con la llamada Guerra del Aguacate entre México y Estados Unidos. También se trata de un mecanismo que eleva los costos de los productores que intentan ingresar al mercado norteamericano. Esto se visualiza teniendo en cuenta que según cálculos recientes cada visita de inspección de un funcionario de la FDA a un productor que opera fuera de Estados Unidos le puede costar a este último entre $15,000 y $20,000, a lo que habría que sumar los costos de transporte de dicho oficial norteamericano.
Teniendo en cuenta todo esto no es de extrañar que un informe de la Universidad Autónoma de México haya concluido que los efectos del TLCAN habrían llevado a que actualmente el 72% de todos los productores agropecuarios mexicanos se encuentren en condiciones de quiebra, mientras que cerca de 29 millones de trabajadores del campo no logran ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. También se sabe que en los diez primeros años de funcionamiento de este tratado de libre comercio el sector rural mexicano perdió 1.4 millones de puestos de trabajo.
Quienes creemos en el desarrollo con seguridad y soberanía alimentaria debemos evitar los efectos desastrosos del TPC sobre el sector agropecuario. Debemos proteger y promover económica y tecnológicamente a los productores nacionales, dotándolos de los factores indispensables para su éxito. Si esto lleva a la necesidad de denunciar el TPC utilizando el contenido de su artículo 22.5, deberemos mostrar el suficiente coraje político y sentido patriótico para hacerlo.
