El Tribunal Electoral perdió la brújula
Nunca he compartido, por considerarlas desproporcionadas, las alabanzas al Tribunal Electoral. Sus integrantes han sido autores de varios “patinazos políticos”, que han teñido su imparcialidad. Ejemplos son: su desbocado entusiasmo al secundar y bendecir un referendo impuesto por el capricho reeleccionista de Pérez Balladares; la poco feliz y oportunista ocurrencia de uno de sus presidentes de corear las consignas del candidato Torrijos, al proclamarle ganador; y su ambivalencia cuando optaron por “mirar para otro lado” y deliberadamente sustraerse de conocer e investigar comprobados actos violatorios del Código Electoral, de la precandidata del PRD, cuando ejercía como ministra de la Vivienda.
A esos ejemplos, se agregan, la nunca aclarada pérdida de varios centenares de miles de tarjetas bases para cédulas, saldada con erogaciones adicionales, para tapar el embrollo, y varias licitaciones de dudosa transparencia.
Además, su autoproclamada rigurosidad jurídica y defensa de la democracia son más que dudables. Si en el Código se mantuvo el artículo 233, que aseguraba a los partidos el monopolio de las candidaturas para la presidencia, a pesar de su patente inconstitucionalidad, que les fue oportuna y reiteradamente advertida, ello se debió al empecinamiento del triunvirato electoral.
Y si persisten los escandalosos subsidios electorales, con carácter permanente, aunque la Constitución establezca que solo pueden concederse durante los procesos electorales, y su monto se mantenga y crezca, a pesar de la disminución de la cantidad de los partidos, también se debe al patrocinio y la complicidad de los “flamantes” magistrados electorales.
El ensalzamiento desmedido del TE ha motivado que sus integrantes se sientan “sumos sacerdotes” de cuanto atañe a los procesos electorales y que, con frecuencia, traspasen los límites de sus competencias constitucionales. Ejemplos específicos son su contumacia al asumir funciones de legisladores electorales mediante la expedición de “decretos” que, antes que interpretar la ley o desarrollarla, deliberadamente persiguen “crear legislación electoral”.
Y también su tendencia reciente, y más peligrosa aún, a emitir opiniones de carácter estrictamente político. Eso y no otra cosa son los vaticinios apocalípticos de su presidente de turno, relacionados con la actual coyuntura política. El TE, por mandato constitucional, tiene, estrictamente, como función “garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular”. No es de su competencia hacer juicios sobre constitucionalidad de normas legales, aunque éstas se refieran a temas electorales y, mucho menos, asumir protagonismos en el ámbito reservado a las opiniones políticas, ni siquiera invocando supuestas y exaltadas “vocaciones democráticas”.
