Elementos para una política de soberanía y seguridad alimentaria
Tanto el alza inusitada de los precios internacionales de los alimentos observado en el período 2007-2008, así como la más reciente corrida de estos precios que se dio entre el 2010 y el 2011, sirvieron para visibilizar las profundas carencias del sistema alimentario global, asentado en la búsqueda del máximo lucro y el funcionamiento del mercado sin ninguna restricción.
En el caso de Panamá, esa incongruencia se evidencia en el creciente costo de vida, que se reflejó en un crecimiento del costo de los alimentos de 45.5% entre enero del 2007 y diciembre de 2011. También se expresa en el hecho de que en los últimos cinco años el PIB del sector agropecuario apenas logró crecer a una tasa promedio anual del 0.4%, cifra inferior al crecimiento de la población que para el mismo lapso temporal presentó un crecimiento promedio anual del 1.6%. Así mismo, entre el 2008 y el 2011 la producción de las llamadas frutas diversas, destinadas en gran medida a las exportaciones, mostró una tasa de crecimiento negativa equivalente al 65.7%. Nos encontramos frente al descalabro del sector agropecuario originado en la aplicación de la doctrina neoliberal.
La reconstrucción urgente de nuestro sector agropecuario precisa de un nuevo enfoque. Este cimentado en la idea de la soberanía y seguridad alimentaria, deberá insistir, en primer lugar, en la idea básica de que la alimentación constituye un derecho humano irrenunciable y exigible, el cual deberá ser plenamente asegurado para todos los ciudadanos. Así mismo, en segundo lugar, en las condiciones globales existentes, caracterizadas por la incertidumbre de las condiciones de oferta, la política agropecuaria deberá enfocarse en la producción local de alimentos y, por tanto, en la reducción de la creciente dependencia externa, que ha llevado a la necesidad de importar anualmente más de B/ 1000 millones anuales en alimentos. Esto implica proteger al productor local.
Esta política, en tercer lugar, deberá asegurar a los productores agropecuarios, principalmente los pequeños y medianos, el acceso seguro a la tierra, así como al agua, tecnología adecuada, crédito en condiciones favorables, insumos fundamentales y canales de comercialización no especulativos. La promoción de la organización de los productores en formas cooperativas es indispensable para a estos fines. Así mismo se deberá defender la capacidad adquisitiva de los sectores urbanos, de forma tal que el productor pueda gozar de precios remunerativos y los consumidores de precios accesibles y justos. Esto significa romper el poder de los oligopolios que dominan la importación y distribución de alimentos.
En cuarto lugar, la política propuesta deberá asegurar los siguientes elementos: la implantación de un modelo agroecológico que asegure la sostenibilidad ambiental, el establecimiento de reservas estratégicas estatales de alimentos que aseguren la oferta y regulación de los precios en toda circunstancia, y la organización de la población en función de la defensa de la seguridad alimentaria. La posibilidad práctica de estas políticas pasa por la construcción una fuerza social con capacidad de mover al país de la esfera del lucro insaciable a la esfera de una economía humana.
Economista.
