Elitista, contradictorio y carente de transparencia
Tras solo dos meses de instalado, el actual gobierno muestra tendencias que develan lo que son algunos de sus rasgos definitorios. Así, para comenzar, los recientes y obvios casos de nepotismo no solo muestran que este mal sigue siendo endémico en la fracción de políticos tradicionales que hoy gobierna al país. El simple hecho de que el ministro de la Presidencia, en un verdadero acto de prepotencia, haya justificado el nombramiento de un pariente cercano alegando que el mismo estudió “en una prestigiosa universidad de Estados Unidos” muestra claramente el signo elitista del actual equipo gubernamental. No deja, además, de ser extraño que dos ministros, que siendo profesionales del derecho, hayan alegado un desconocimiento para encubrir su forma de actuar. “No creo -declaró uno de ellos- que se justifica que se siga criticando un hecho que ocurrió de manera accidental (sic), y que fue corregido inmediatamente”.
EL MINISTRO DE GOBIERNO HA PROPUESTO QUE LA EMPRESA PRIVADA ENTREGUE A SUS TRABAJADORES UN BONO PARA TRANSPORTE DE $60.00 MENSUALES... QUE NO ESTARÍA MAL SI LA PROPUESTA NO INCLUYERA LA IDEA DE QUE ESTOS GASTOS PUEDAN SER DEDUCIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ESTO SIGNIFICA QUE EL COSTO ADICIONAL EN LA PRÁCTICA SERÍA FINANCIADO POR EL ESTADO.
El problema de las contradicciones de la actual administración va, sin embargo, más allá de la distancia entre las propuestas de campaña, que prometían “sancionar el clientelismo” y lo que viene ocurriendo en la actual administración. En el plano de la economía existe una flagrante contradicción entre el discurso de la escasez de recursos y la liberalidad como se están generando nuevos gastos. Por ejemplo, el ministro de Gobierno ha propuesto que la empresa privada entregue a sus trabajadores un bono para transporte de $60.00 mensuales, lo cual en principio no estaría mal si la propuesta no incluyera la idea de que estos gastos puedan ser deducidos del impuesto sobre la renta. Esto significa que el costo adicional en la práctica sería financiado por el Estado. Si el salario es insuficiente hasta para que el trabajador pueda llegar a su trabajo, es claro que estamos frente a una remuneración que paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor real. Lo que queda entonces es la necesidad de un ajuste salarial generalizado para superar esta situación y no un nuevo subsidio gubernamental destinado a que los empleadores no cumplan con su responsabilidad social empresarial.
LO QUE QUEDA ENTONCES ES LA NECESIDAD DE UN AJUSTE SALARIAL GENERALIZADO PARA SUPERAR ESTA SITUACIÓN Y NO UN NUEVO SUBSIDIO GUBERNAMENTAL DESTINADO A QUE LOS EMPLEADORES NO CUMPLAN CON SU RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
En esta misma línea de problemas está la reciente propuesta de presupuesto presentada por el ministro de Economía y Finanzas. Este, con el aval del Gabinete, ha presentado un proyecto de gastos para 2015 que supera en 10.5% al del año pasado, apoyándose en supuestos difíciles de sostener. Es así que se utiliza como base un crecimiento real de la economía de 6.5%, sumado a una inflación proyectada de 4.3%, para pronosticar un crecimiento anual nominal de 10.8%, el cual, en papel, resulta ajustado al nivel de gastos propuestos. Esto, sin embargo, no parece ajustarse a la realidad. Para que esta previsión se diera en la práctica, la tasa inflacionaria tendría que duplicarse en relación con la actual tendencia. La tasa de crecimiento real supuesta, por su parte, tampoco parece ser muy realista, teniendo en cuenta que la tasa anual de crecimiento del índice de actividad económica (IMAE) alcanza en la actualidad a 3.7%. Es importante entender que la economía panameña, en un proceso de desaceleración reconocido, se mueve hacia su tasa de crecimiento promedio anual, la que tiene un valor cercano al 5.0%.
No solo el elitismo y la contradicción caracterizan a la actual administración. Contrario al plan de campaña de la alianza gobernante, que prometía “normas para asegurar la transparencia gubernamental”, el secretismo también ha hecho su aparición en las operaciones gubernamentales. Es de esta manera que el 25 de julio del presente año el presidente del panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que analizó la política panameña comentó que: “…los miembros… también han expresado su preocupación por el hecho de que los aranceles que se aplican a determinados productos sean superiores a los tipos consolidados. Panamá ha señalado que está adoptando medidas al respecto a fin de corregir esta situación antes del 1 de enero de 2015…”. Dado que en esto está involucrada la reducción de los aranceles de algunos productos agropecuarios, es totalmente inaceptable que este acuerdo no sea de conocimiento público en nuestro país.
Asimismo, se ha mantenido en un total hermetismo el hecho de que Panamá, como lo ha denunciado Wikileaks, es uno de los cincuenta países que vienen negociando en secreto un Acuerdo de Comercio de Servicios, el cual podría llevar a la privatización de la prestación de los servicios de salud, educación y agua potable.
Más que frente al cambio durante la campaña, en la práctica, lastimosamente nos encontramos con más de lo mismo.
