Emergencia y transparencia
Estar preparado para el advenimiento de desastres naturales es un arte de muy reciente fecha. En un país en donde los niveles de planificación de la cosa pública están marcados por el tradicionalismo, no es de extrañar que la ocurrencia de estos fenómenos naturales tome al gobierno desprevenido. Las actuales autoridades están en la obligación de reaccionar de forma pronta y eficaz ante la situación de los damnificados y las poblaciones cuyos riesgos se han incrementado de forma dramática ante los imprevisibles eventos de la naturaleza. Tomar acciones significa también poner fondos a disposición de actores gubernamentales y no gubernamentales, sobre la base de un diagnóstico de la situación y el logro de resultados específicos en relación con niños, mujeres, familias y comunidades afectadas. El hecho de que no se haya podido prever un plan no quiere decir que no debe haber claridad y transparencia en el tipo de intervención que ahora se debe desarrollar. Todos recordamos que en el pasado no muy lejano, estas situaciones se han prestado para manejar fondos públicos con muy poco sentido de responsabilidad y con graves deficiencias en los mecanismos de rendición de cuentas. Esperemos que “el cambio” ocurra en esta área muy necesitada de la gestión pública, y lo que se hace hoy no sea objeto del derecho penal mañana.
