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En busca de seguridad ciudadana


Alberto Valdés Tola (opinion@epasa.com) / Sociólogo.

Si hace una década, se le hubiera preguntado a un panameño ordinario cuáles son los principales focos urbanísticos que albergan los mayores casos de delincuencia, seguramente las áreas mencionadas hubieran sido El Chorrillo, Curundú y San Miguelito; sin embargo, hoy parece vislumbrarse un cambio de polo criminológico, el cual suscitaría respuestas como La Chorrera y Arraiján.

Ambas son ciudades dormitorios (muchas de las personas que viven en estos asentamientos urbanos laboran en la ciudad de Panamá y solo acuden a sus viviendas para el reposo), ubicadas en lo que se conoce como Panamá Oeste y cuyo destacado desarrollo socioeconómico e infraestructural ha sido notorio en el último quinquenio. Por otra parte, algunas de estas áreas han sido infestadas por un alto índice de migración extranjera y de nacionales; los cuales, algunos de ellos viven como precaristas en condiciones paupérrimas. Otros en cambio, producto de condiciones socio-históricas (damnificados sin hogar) fueron depositados y olvidados por el gobierno . Por si fuera poco, existe un alto grado de hacinamiento producto de la densidad poblacional de algunos lugares como Veracruz, Vista Alegre, Nuevo Chorrillo, Burunga (2000 y Omar), en Arraiján y El Espino, en La Chorrera.

Así, un gran número de corregimientos en La Chorrera y Arraiján destacan cada semana por la notoriedad mediática que causa la criminodinámica caracterizada por el narcotráfico y las drogas, homicidios y femicidios, robos a mano armada y el pandillerismo de jóvenes, entre otras variantes tipológicas. Todo esto ejemplificando un escenario de violencia urbana constante y en aumento que las autoridades policiales no han podido afrontar de forma eficaz.

Posiblemente la causa de esta ineficacia sea producto de la concepción de seguridad ciudadana que se maneja, la cual radica en dotar a la policía de más efectivos (guardias), armas de asalto y captura, vehículos motorizados y la mejora infraestructural de sus cuarteles. Todas estas medidas de represión al crimen han demostrado ser inoperantes a pesar del incuestionable poder de coerción.

De esta forma, debe entenderse por parte de las autoridades competentes (incluyendo los municipios, instancias educativas y policía) que la única manera de afrontar esta ola de delitos, es por medio de mecanismos de control social no represivos y violentos, como lo son la asistencia y ayuda a programas de prevención de la violencia a nivel escolar, la promoción de clubes deportivos y culturales, la cooperación de iniciativas comunitarias relacionadas con vigilancia y asistir logísticamente a las propuestas religiosas de resocialización.

Sociólogo.