¿En Changuinola fracasamos todos?
El presidente Martinelli, después de visitar el sitio de la tragedia, afirmó: “en Changuinola fracasamos todos”. Pero eso no es verdad. El asunto no es tan simple como para esquivarlo con una repartición general de culpas. Es sumamente grave que los gobernantes insistan en justificar sus fracasos con la socorrida muletilla de responsabilizarnos a todos, como ha ocurrido con el tema de la inseguridad, que en lugar de disminuir, después de un largo año del gobierno actual y muchas alharacas, se sigue agravando.
Los responsables de la inseguridad no somos todos. Las autoridades, a través de sus agentes, los mal llamados “estamentos de seguridad”, que son los que cuentan con los recursos humanos, los instrumentos y la logística, que todos pagamos, están instituidas, dice el Artículo 17 de la Constitución Política, para proteger “la vida, honra y los bienes de los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”. Si esa norma fuera catecismo y praxis de quienes gobiernan, muchas cosas serían diferentes.
Insistir en que los violentos disturbios de Changuinola son el producto de una responsabilidad compartida, es igual a decir que ellos ocurrieron porque los provocamos todos o que fueron el producto de una especie de “generación espontánea”, sin causa que los motivara, lo cual no es cierto. Y tampoco es cierto que fueran el producto de una campaña de desinformación orquestada para aprovecharse de “la ignorancia de las poblaciones indígenas y azuzarlos a la revuelta”.
En el caso específico de Bocas del Toro, el gobierno falló estrepitosamente. Aceptarlo sería un buen punto de partida; tanto como no lo es seguir considerando como un alarde de astucia recurrir a los subterfugios.
Después del periplo del presidente y sus ministros y de los resultados anunciados, no hay mucho margen para la esperanza. Y tampoco hay margen para la esperanza cuando, por ejemplo, con una desfachatez que asombra, el comisionado de policía de Bocas del Toro, impunemente “explica”, sin mencionar los muertos, que la monstruosidad de los 52 heridos en el rostro y las lesiones que sufrieron en los ojos, se debieron a que “muchos de ellos, en el momento que los rociaban con perdigones, se agachaban para recoger piedras o devolver las bombas lacrimógenas que les disparaba la policía”.
Y mucho menos hay margen para la esperanza cuando, con pasmosa indolencia se anuncia una comisión para que “haga una investigación imparcial de lo ocurrido y rinda un informe sobre las peticiones que presentaron los dirigentes sindicales y la comunidad bocatoreña, cuando se reunieron con el presidente Martinelli.
La causa directa de la tragedia de Changuinola fue la insistencia prepotente del gobierno que, desoyendo todas las advertencias, insistió en aprobar medidas inconsultas e impopulares, abusando y extralimitando su mandato electoral. ¿Porqué ahora esperar 90 días y, mientras mantener vigentes las leyes causantes de la hecatombe de Bocas del Toro? ¿Por qué no demostrar con hechos, con algunas destituciones ejemplares, que hay un sincero deseo de rectificar? Changuinola puede ser el punto de inflexión en la gestión de Martinelli, para bien o para peor. ¡Y sólo de él depende!
