En cuanto a la elección del defensor del pueblo
Hemos comenzado el proceso de escogencia del próximo defensor del pueblo, el funcionario que tendrá la misma envergadura que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que, primordialmente, será el máximo defensor/protector de las garantías fundamentales de todos los panameños. Nos sería interesante explorar, más allá de sus funciones consagradas en la Constitución Política de la República y la Ley 7 de 1997, la esencia del cargo y (para que no suene como algo etéreo) su desarrollo en la praxis.
Me es imposible dejar de mencionar los escándalos de corrupción que han salido a la luz, no solo involucrando a altos funcionarios de la administración pasada, sino de la gestión en curso también. Como he mencionado en escritos anteriores, existe una notable diferencia en la manera de diligenciar, investigar y tramitar los distintos casos de corrupción, es decir, han inventado un pase vip o expedito a las investigaciones.
En la comisión de los mismos hechos punibles, a algunos se les aplica (de manera abusiva) la medida cautelar de detención preventiva y a otros impedimento de salida del país, la cual es una medida mucho más blanda. ¿Debe existir una diferencia entre uno y otro si todos son panameños y seres humanos? Son estos ejemplos de violaciones a los derechos humanos consagrados en nuestra carta política y convenciones internacionales, que son inherentes a todo ser humano y en los que tristemente, la Defensoría del Pueblo no dice ni esta boca es mía.
Sin ánimos de ahondar en temas políticos en los que ya he hecho referencia, manifiesto por este medio mi descontento con la gestión de la defensora del pueblo y mis ansias porque se lleve a cabo una elección sensata y libre de vicios o intromisión de intereses económicos o partidistas.
El defensor del pueblo, más allá de los requerimientos expresos en el artículo 130 de la Constitución, debe ser un humanista, debe estar íntimamente comprometido con su cargo y enamorado de su Patria.
Sería deprimente enterarnos de que la elección de este alto funcionario se manejará de la misma manera que la de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se exhortó a la mal llamada "sociedad civil" a participar de la escogencia, pero se estaban jugando las cartas por debajo de la mesa y finalmente se escogió a quien más representaba los intereses de un gremio político.
Los panameños deseamos que por primera vez en este gobierno se nombre como administrador de una entidad independiente a un profesional realmente independiente, que no reciba instrucción de ninguna autoridad y mucho menos de empresarios que solo buscan ampliar su patrimonio sin importar devastar la dignidad humana de cualquier ciudadano.
Es crucial que se elija a un panameño que, en pleno uso de las facultades que le otorga la Ley 7 de 1997, haga ejercicio de las acciones legales correspondientes a fin de tutelar las garantías fundamentales de cada persona que viva en esta tierra istmeña, sin tener juicios a priori por creencia o afinidad política, mas no le pese la mano para manifestar sus descontentos con la administración actual; de paso, que cambie la percepción de que este funcionario es un peón más del presidente de la República.
El defensor del pueblo debe dejar de ser una "botella" más y no frecuentar al excelentísimo puesto que puede adquirir la mala costumbre de levantarse a las 11:00 a.m. para ir a trabajar y hay mucho trabajo por hacer en materia de DD.HH., el día hay que aprovecharlo ().
El gobierno de turno tiene una buena oportunidad para reivindicarse. Es momento que el defensor del pueblo asuma sus responsabilidades y sea reconocido como el defensor de los intereses de los que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, como el protector de aquellos que han sido pisoteados y como el custodio de la dignidad de todos los panameños.
Esta administración debe cumplir el eslogan de campaña: "El Pueblo Primero" y sus promesas sociales llevando a la Defensoría a un verdadero humanista que irradie sobre la población; en la medida que no nos humanicemos y prestemos atención al prójimo, el país no avanzará.
Comiencen (porque hasta ahora no lo han hecho) por nombrar un funcionario que fiscalice la administración de manera independiente, en función de crear contrapesos saludables para la democracia y el buen funcionamiento del país.
Estudiante de Derecho de la Usma
