En defensa del Canal
Con la autoridad que le concede el título constitucional sobre el Canal, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, se reunió con los representantes diplomáticos de España e Italia como medida inicial de la cooperación de sus Gobiernos en la controversia sobre el costo del tercer juego de esclusas. Por definición constitucional, el Canal de Panamá constituye patrimonio inalienable de la nación y es deber del presidente Martinelli y las autoridades preservar la integridad del principal activo de la comunidad panameña.
La ministra de Fomento de España, Ana Pastor, viene en representación del gobierno de Mariano Rajoy para mediar en la búsqueda de la solución del diferendo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el Grupo Unidos por el Canal (GUP), en el que la empresa española Sacyr Vallehermoso es principal accionista.
En las reuniones de la negociación del diferendo estarán presentes el administrador de la ACP, Jorge Quijano; el presidente de la junta directiva, Roberto Roy, y el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, a los que corresponde la revisión jurídica y técnica de las cláusulas del contrato en las que se fija el monto global del costo del megaproyecto y los procedimientos para atender posibles reclamaciones.
La mediación del presidente Martinelli, como representante de la nación, robustece la trascendencia constitucional del patrimonio inalienable de la nación y fortalece la posición de los administradores del Canal en consonancia con la irreversibilidad del contrato que establece los deberes y obligaciones de las partes. La ACP tiene la responsabilidad de la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento, y modernización del Canal y sus actividades conexas, con arreglo a las normas constitucionales y legales vigentes.
La cooperación del Gobierno español y el italiano expresa su entendimiento de que la ampliación del Canal es, por encima de divergencias comerciales, un asunto de Estado que incide en la expansión del comercio internacional y en la globalización económica.
La ampliación de las esclusas representa un aporte tecnológico y financiero en el mejoramiento de los servicios que brinda el país al desarrollo de la comunidad de naciones. Gracias a su construcción, buques postpanamax de diversas banderas internacionales repotenciarán el transporte de la carga en forma extraordinaria.
La culminación de este megaproyecto no puede perturbarse por amenazas de suspensión de las obras con alegatos desconectados del texto contractual, que contiene dispositivos para atender reclamaciones adecuadas. Si las empresas privadas no tienen conciencia de la responsabilidad legal que asumieron con la firma del contrato, el Estado panameño cumple su misión constitucional al colaborar en la protección de los derechos del patrimonio inalienable de la nación.
Cuanto concurra a la defensa de la seguridad jurídica o material de la vía acuática, como en el caso del contrabando de armas de fuego de alta peligrosidad que transportó el barco norcoreano, solventa la intervención de las autoridades nacionales, tal como aconteció. Quienes pretenden llevar al terreno de la baja politiquería un tema de Estado como la defensa del patrimonio inalienable de todos los panameños, no hacen otra cosa que manifestar una vez más la intrascendencia de su indigencia mental.
