En la encrucijada
Miembro del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
“El enfrentamiento entre Grecia y la eurozona constituye el mayor riesgo para la economía global”, aseguró recientemente el ministro de Economía británico, George Osborne, al finalizar una reunión en Londres con su homólogo griego, el recién nombrado Yanis Varufakis, quien estaba de viaje por distintas capitales europeas para explicar su plan de renegociación de la deuda griega, que supera el 175% de su PIB. Varufakis ha viajado a Londres después de reunirse con el ministro francés y antes de visitar al primer ministro italiano y al presidente de la Comisión Europea.
Claramente a las recientes elecciones en Grecia, que ponen en stand by a toda Europa, las perdió la derecha en favor de la izquierda. Desde 2008, el PIB ajustado a la inflación bajó entre 25% y 30%, la deuda pública -a pesar de “la austeridad”- pasó del 109% al 175% del PIB, el desempleo real roza el 26%, la renta per cápita descendió de € 23.000 a 16.000, uno de cada cinco de sus 11.5 millones de habitantes está por debajo del umbral de la pobreza y decenas de miles sobreviven gracias a la caridad y a los comedores sociales.
Los gobiernos europeos, incluido el de Grecia, hablaban de las bonanzas del mercado y la actividad privada, pero estatizaron las deudas de los bancos que, durante años, operaban mediante burbujas de inversión creadas por la intervención estatal en los mercados con tasas insólitamente bajas.
Existe una relación triangular -en Europa en general- entre las élites económicas que diseñan la función del Estado, y hasta pueden evadir impuestos, en el corazón mismo de Europa; y el tercer pico, las élites políticas entrelazadas con las económicas, que sirven a sus intereses. Y como intermediario está la Troika (UE, FMI y BCE), a la que el nuevo primer ministro griego Alexis Tspiras, de 40 años, ha utilizado como chivo expiatorio de casi todos los males, consiguiendo pasar de ser una minoría insignificante al partido -Syriza- más votado de Grecia.
Tsipras prometió renegociar el pago de los €320.000 millones recibidos de la UE y del FMI, y el fin de la austeridad. Sus prioridades son elevar el salario mínimo de €580 a 751, liberar de impuestos a los que ganen menos de €12.000 anuales, garantizar electricidad y alimentos a los 300,000 hogares más necesitados, prohibir los desahucios, atención médica “gratuita” a quienes no puedan pagarla, eliminar los impuestos sobre el combustible para los hogares, devolver el poder adquisitivo a los funcionarios y aumentar el número de beneficiarios por desempleo. Todo costaría €12.000 millones de euros, lo que podría ser menos oneroso para el mercado que lo dilapidado por la derecha anteriormente.
