En la mira
El expresidente Ricardo Martinelli está en la mira de las persecuciones políticas del gobierno panameñista. La exfiscal Lizzett Chevalier amenazó a Giacomo Tamburelli de mandarlo a la cárcel si no involucraba a Martinelli en la compra de alimentos deshidratados, el abogado Gonzalo Moncada Luna ha denunciado ante el Ministerio Público la actuación coactiva de la funcionaria, puesta al servicio de inconfesables fines políticos. Igualmente se trata de imputarle cargos a Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos a elementos de la oposición. Pero no solamente la referida exfiscal cumplió consignas políticas. El Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Electoral forman parte de la maquinaria de injurias y calumnias, que, con la Asamblea Nacional y los medios de comunicación progobiernistas, ha desencadenado una oleada de acusaciones contra funcionarios del gobierno anterior.
Como han fracasado hasta ahora los procesos iniciados en tribunales italianos que se pensaba podían incriminar a Martinelli, ha virado la estrategia hacia Panamá, usando la administración de justicia con indisimules objetivos políticos. Se amenaza a los imputados; se les encarcela arbitrariamente; se recurre a testigos protegidos; y todo cuanto pueda saciar la delirante sed de venganza personal de Juan Carlos Varela contra el mandatario que lo sacó de la insignificancia electoral del 2009 y lo encumbró con puestos sobresalientes. Los nombramientos políticos del contralor Federico Humbert, la procuradora Kenia Porcell, el fiscal Guido Rodríguez y el magistrado Alberto Cigarruista, y el procurador de la administración Rigoberto González, actuaron en forma notoria como aliados del panameñismo concertados en la blitzkrieg lanzada contra Martinelli. Humbert es uno de los grandes contribuyentes económicos del panameñismo y se identificó como partidario de la candidatura de Varela, quien se extralimitó en las atribuciones presidenciales, inmiscuyéndose en la torcedera de manos de los diputados del PRD para obtener el nombramiento en forma inconstitucional. La actual procuradora Porcell era funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional y no tiene ni una pizca de independencia política para el ejercicio del cargo. El fiscal del Tribunal de Cuentas Guido Rodríguez despotricaba por los medios de comunicación contra Martinelli. El magistrado Alberto Cigarruista renunció a la candidatura de diputado para concentrar los votos de un circuito en un aspirante del PRD. Luego, ni corto ni perezoso, le presentó la factura a Varela para que lo designaran ministro, como él mismo reveló, o cualquier otro puesto vacante de buen sueldo por 10 años. El procurador de la administración Rigoberto González fue estrecho colaborador de Ana Matilde Gómez en el tiempo que desempeñó el Ministerio Público y un asociado político de quien fuera defenestrada por la Corte Suprema de Justicia. Es innecesario mencionar a los magistrados Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés, del Tribunal Electoral, porque todo el mundo conoce sus dislates de increíble favoritismo gubernamental.
¿Cómo se puede confiar en la imparcialidad jurídica de tales funcionarios? ¿ Quién, con 10 dedos de frente, no sabe que, a priori, antes de examinar cualquier causa sobre el gobierno de Martinelli, ellos ya están en contra? ¿Qué panameño, que no esté en la papa del gobierno, no se ha dado cuenta de que Varela distorsiona y denigra la administración de justicia? Son personas que entran a la historia por la puerta falsa. Ahora se sienten poderosos e inamovibles. El pueblo los juzga por sus obras y jamás los olvidará.
