En Panamá, la justicia se pide a la carta

¡La Dama de la Justicia se ha quitado la venda de los ojos! Los preceptos que todos los abogados, estudiantes de Derecho y hasta los otros profesionales han estudiado o conocen de la justicia, han quedado en el olvido. Hablar de la Constitución, garantías fundamentales, Convención Interamericana de los Derechos Humanos… se ha vuelto algo abstracto, irreal y utópico.

Poco después de haber tomado posesión el Excelentísimo, surgen varios escándalos de supuesta corrupción relacionados con la administración pasada, involucrando: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, exministros de Estado, directores de instituciones públicas y hasta cercanos colaboradores del expresidente. 

Por otro lado, también surgieron (y siguen surgiendo) casos de corrupción de funcionarios actuales donde se han cometido los mismos delitos.  Lo curioso es que al momento de procesar a todos los involucrados, algunos son tratados de manera VIP y otros con agresividad y ánimos de daño cual delincuente de la desaparecida Alcatraz. 

¿Son estas actuaciones conforme a derecho? Si bien es cierto, el Código Judicial establece las medidas cautelares personales aplicables, sin embargo, soy del criterio (en sintonía con muchos panameños) que han abusado de una en específica: la detención preventiva.

La detención preventiva es,  grosso modo, una medida cautelar que debe utilizarse en última ratio, pues esta priva al sujeto de uno de los derechos fundamentales: la libertad. 

En la mayoría de los casos antes expuestos, los fiscales han sustentado la aplicación de la misma manifestando que: “los elementos probatorios que pudiesen acreditar el hecho punible corren peligro”. De este argumento nace una pregunta en muchos panameños: ¿Acaso las pruebas no corren peligro de ser desaparecidas o alteradas en los casos de los funcionarios actuales? Entonces, me es difícil comprender: ¿cuál es la diferencia de unos y otros si todos debemos ser iguales ante la ley?

 Ha sido decepcionante escuchar las palabras del presidente negándose a comentar. Respetado señor presidente, no niegue ser partícipe de los procesos penales en curso, no hay que ser jurista para entender la desigualdad ante la ley y es esto una garantía fundamental.

 Los panameños no solicitamos intromisión de los poderes, simplemente, al ver cómo las violaciones  de los derechos humanos de exfuncionarios que más allá de haber servido, son humanos, además, con el auspicio de una Defensoría del Pueblo que sucumbe ante los hechos, lo mínimo que esperamos de usted es que (al ver que las instituciones correspondientes están parcializadas y/o atemorizadas) sea fiscalizador de su administración, incluyendo el Órgano Judicial y manifieste su inconformidad con las violaciones a los convenios internacionales donde este país es signatario, la propia Constitución Política de la República y demás códigos de procedimiento. 

Soy consciente de que lastimosamente esto es imposible toda vez que usted no los ve como un panameño más, más bien como sus adversarios políticos.

Han surgido varias asociaciones autoproclamadas; “sociedad civil” que han tomado la “batuta” en cuanto a las denuncias, fiscalización y seguimiento de los presuntos actos de corrupción, lo que —hasta cierto punto— no veo mal. Lo que sí considero puede ser nocivo es  que han vuelto una moda asistir a los medios de comunicación, a fin de denunciar, imputar y hasta emitir sentencia (solo les falta el: “Notifíquese y Cúmplase”) a muchos exfuncionarios que siquiera se les ha denunciado o querellado por las vías legales de lugar. Pregonan: “caiga quien caiga”, pero al parecer solo lo aplican para los opositores y esto hace que pierdan el poco porcentaje de credibilidad que tenían.

 Como estudiante de Derecho, me es imposible resistirme a la investigación de la autoridad correspondiente en caso de que  existan los elementos probatorios de un hecho punible, sin embargo, considero deplorable (y hasta ilegal) atribuirle un delito a alguien en los medios de comunicación toda vez que esta no es la vía encargada de impartir justicia, además, si realmente creen en la frase “caiga quien caiga”, saben que, como están las cosas, el día de mañana pueden ser ustedes.

Si bien es cierto, el excelentísimo presidente de la República no ha medido sus actuaciones ni el alcance que pudiesen tener. No entiende que la Presidencia de la República solo es por cinco años y por historia patria, los gobiernos nunca repiten. Señor presidente, ¿cómo quiere ser recordado? Guardando silencio ante tantas violaciones arbitrarias a los derechos humanos está siendo cómplice de las mismas. Por todo lo antes expuesto, estoy convencido de que en Panamá, la justicia se pide a la carta.

Estudiante de Derecho de la Usma