¡Encarcelen al sistema!
Entiendo la ira de las personas con los políticos corruptos, pero la historia demuestra que, por muchos que se encarcelen, no se detendrá la corrupción ni se devolverá lo robado. Si hasta me parece contraproducente, pareciera que estas campañas sirven para distraer a la opinión pública y para esconder el problema de fondo de la corrupción: el sistema estatista que es al que debería "encarcelarse".
La situación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se agravó. El Senado aprobó separarla de su cargo para iniciarle un juicio político. Entre tanto, la Justicia argentina empezó a investigar a la expresidenta Cristina Kirchner. Desde que Macri asumió la presidencia, y mientras tiene problemas serios, el Poder Judicial ha acelerado las causas por corrupción durante el gobierno anterior y ya hay encarcelados. Es llamativo que los mismos jueces que no sospechaban de los anteriores gobernantes cuando estaban en el poder, hoy encuentren que son culpables.
Y estos son solo dos ejemplos de los muchos que hay. La corrupción está generalizada porque es intrínseca al Estado moderno, que es el monopolio de la violencia con el cual gobierna. Y ya decían los griegos que la violencia es aquello que corrompe a la naturaleza. A diferencia del mercado -las personas- donde las transacciones se realizan tras un natural acuerdo mutuo, el Estado impone coactivamente leyes dejando el poder de decisión en burócratas susceptibles de ser sobornados. Si comparamos el índice de corrupción de Transparency International con el de Libertad Económica de la Heritage Foundation, vemos que los más corruptos son los menos libres, aquellos donde el Estado tiene más peso y sus burócratas mayor poder de decisión.
Entre los menos corruptos aparecen Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania, luego EE.UU. 16.º, y más adelante Uruguay 21.º, Chile 23.º, Colombia 83.º y ya entre los más corruptos Yemen 154.º, Haití y Venezuela 158.º y finalmente Corea del Norte y Somalia 167.º. Y los más libres serían Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, Chile, Irlanda, Estonia, Reino Unido, EE.UU., Dinamarca y luego en el puesto 33 estaría Colombia, 41 Uruguay, 49 Perú, 50 Costa Rica, 62 México, 66 Panamá, 82 Guatemala, 109 Nicaragua, 113 Honduras, 122 Brasil, 159 Ecuador, 160 Bolivia, 169 Argentina, 176 Venezuela, 177 Cuba y 178 Corea del Norte.
Para presentarse a las licitaciones de obra pública, los gobiernos exigen una serie de condiciones. Un ministro decide quiénes pueden o no presentarse y los elegidos se cartelizan y reparten las obras por realizarse con grandes sobreprecios. El ministro no es sobornado, pero cuando se retira del gobierno el ganador de la obra pública lo nombra director de otra empresa de su grupo con una remuneración elevadísima. Todo legal.
*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.
