Equidad para la discapacidad
Como no vidente, me he referido en algunos escritos al tema de la discapacidad. Me complace hoy reconocer la iniciativa de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, que ha presentado al plenario legislativo, el proyecto 626, que define el conjunto de “beneficios” para las personas con discapacidad, que clasificaría como un medio de equiparación y de oportunidades a un mundo que percibe a la discapacidad fuera del contexto social.
Ahora bien, quedemos claros que la condición de discapacidad no es realidad deseable para individuo alguno, conozco amigos que la ceguera se le acompaña con enfermedades degenerativas, depresiones recurrentes, diabetes e hipertensión, que los conduce a padecer discapacidad múltiple, por lo que el espíritu de este proyecto constituye una opción paliativa a la exclusión social.
Vale la oportunidad compartirles la experiencia que sufro día a día con el puesto azul, generada del cotidiano desplazamiento en el metrobús y las múltiples peripecias de la persona con discapacidad, la que se apareja a los beneficios tipificados en el citado proyecto. El proponente manifiesta, “si la persona con discapacidad u otra habilidad alcanza la edad de jubilación, se hará acreedora a los beneficios que se reconocen en la Ley 6 de 1987, que comprende beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad”, no obstante, me han dejado una verdad de a puño, no es comparable la discapacidad con la vejez, puesto que no es lo mismo ni se vive igual la discapacidad junto a la atenuante de la tercera edad, ya que la limitación física se padece durante la vida y la condición de vejez es un proceso natural que debe enfrentarse con dignidad; comprendí las sabias palabras del conductor que recurría de intermediario entre el derecho al puesto azul entre la discapacidad y la insensatez.
Es importante retomar del presente proyecto, pues de un lado, una de las iniciativas busca facilitar, “Un descuento de 50% de los precios que se cobren como entrada general o tarifa económica de las actividades de recreación y entretenimiento, tales como los cines, teatros, deportes y espectáculos públicos variados”, mientras, paradójicamente puntualiza, “Un descuento en las farmacias de 10% del valor de los medicamentos que adquieran bajo prescripción médica”. Respetados diputados, la diferencia es abismal, toda actividad lúdica o evento que nos genere disfrute o recreación son efímeras; sin embargo, las enfermedades, dolencias y la discapacidad es una realidad permanente, lo que se traduce que el uso de un fármaco será de mayor consumo y de superior prolongación, de esta manera, estaremos garantizándole a la persona con discapacidad, una mejor calidad de vida, por lo que es deber de todos los organismos y entidades estatales contribuir a garantizar los principios constitucionales y los derechos fundamentales a una vida digna en salud con calidad.
Asimismo, puntualiza “Un descuento de 10% de la cuenta total por la obtención de servicio de hospitales y clínicas privadas, cuando el titular del derecho no sea beneficiario de seguro de hospitalización”. Panamá registra 360,000 personas con discapacidad, la gran mayoría pertenecen al sector informal, a las claras evidencias que no son beneficiarios de la seguridad social, esto implica que de ir a un centro hospitalario, será mediante recursos propios o bien de caridad, por lo que este beneficio no se percibirá en su justa dimensión.
La prioridad inmediata por la situación económico-social de las personas con discapacidad es gozar de una vida digna; sufrimos y costeamos, quienes padecemos este tipo de limitaciones físicas en nuestro día a día, los que no se prevén en ningún programa social compensatorio.
La simple avería de una silla de ruedas electrónica excede a menudo del presupuesto y no la costea nadie, solicitar un taxi, es un extra prohibitivo. Por lo que les transmito a los honorables diputados de la nación mi ánimo para que mediten e investiguen en otras latitudes muy seriamente y en profundidad acerca de esta propuesta, ya reconocida en Argentina, Ecuador, Colombia, México, entre otros, y asimismo presten de su parte cuanto sea necesario para que a partir del diálogo con todos los grupos políticos, agentes sociales y demás, pueda llegarse a garantizar la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades bajo un sistema de protección integral.
