Erróneo intento
El anuncio de que a quienes como empleadores soliciten a las mujeres que deseen emplearse con ellos que les presenten prueba de que no están embarazadas, se les podrá imponer pena de cárcel de 5 a 8 años, resulta ser injusto. Y nos sorprende que dicha iniciativa dimane de la Defensoría del Pueblo, ente que goza de un alto grado de confianza y respeto en la comunidad.
El primer resultado de este proyecto de penalización iría en perjuicio de las propias mujeres, porque nadie va a querer emplearlas.
Por analogía, también deberían correr la misma suerte todos los que soliciten a personas que deseen emplearse con ellos que les presenten sus historiales policivos.
Si conforme a lo que establece el Código Penal el castigo aplicable a un violador sexual es de 5 a 10 años de cárcel, resulta entonces injusto considerar que la solicitud de un certificado de no embarazo sea punible con cárcel de 5 a 8 años y esté al mismo nivel penal que un violador carnal.
