Errores costosos
Las malas decisiones de la exprocuradora General de la Nación las están pagando los panameños con su dinero.
En marzo de 2007, la exjefa del Ministerio Público destituyó del cargo al entonces director de la Policía Técnica Judicial, basada en la Ley N.°53 del 20 de diciembre de 2006, que suspendía los efectos de dos artículos de la Ley de la PTJ, que facultaba al procurador a nombrar al jefe de esa entidad de seguridad.
Cuatro años después y tras una demanda presentada contra el Estado panameño, un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordena el pago de 231 mil dólares al exdirector de la PTJ, en concepto de salarios, gastos de representación, Décimo Tercer Mes y vacaciones.
Este no es el único caso registrado durante el período de la exprocuradora en el que, sus erradas decisiones, le cuestan valiosos recursos económicos al Estado.
Pasó con el actual director del Instituto de Medicina Legal, la fiscal delegada de Chiriquí y otros fiscales más que, tras ser destituidos e interponer demandas, la Corte falló a su favor, ordenando el desembolso de miles de dólares y el reintegro a sus puestos.
Es cierto que cada procurador busca rodearse del equipo más profesional y de su entera confianza; sin embargo, ordenar “limpias” en una institución en la que debe prevalecer una ley de carrera, es un disparate total.
Hasta la fecha ya suman varios miles de dólares que han tenido que pagar los panameños, cuando muy bien esos fondos pudieron haberse utilizado para ejecutar obras sociales tan necesarias en el país.
Estos errores costosos deben servir de ejemplo para que todos los funcionarios aprendan a no hacer lo que quieren, sino lo que establecen las leyes.
