¿Es la inseguridad un negocio?

En la década de los 60 hasta los 80 del siglo pasado, la comunidad panameña tenía sus puertas abiertas y muy poco hacían uso de medidas de seguridad para evitar robos y asaltos en sus propiedades. En la actualidad las familias panameñas tienen que dedicar un renglón de su presupuesto a la seguridad (las que pueden), otros disponen de sofisticada tecnología y de compañías de seguridad que las protegen de la criminalidad; y sin embargo un gran sector del país no posee ningún presupuesto ni medio alguno para protegerse de este flagelo, que día a día cobra vidas humanas.

En países desarrollados y más avanzados que el nuestro, el aumento galopante de la criminalidad ha generado una gran cantidad de empresas que se dedican a la seguridad, desde la construcción de complejos penitenciarios y todos sus insumos, hasta toda una tecnología para el control de la delincuencia, convirtiéndose en un atractivo negocio o la industria del delito como la llamó el autor Nils Christie, criminólogo noruego.

Por otro lado, todas nuestras cárceles de América Latina seguirán alojando a los menesterosos y criminales de poca monta, los que no pueden pagar un abogado y cuyos delitos no se comparan con la evasión de impuestos, graves lesiones al patrimonio del Estado o a la desviación de fondos públicos por ejemplo.

Muy pocas veces el delito de “Cuello Blanco”, es objeto de un proceso que evoque una sentencia en justicia.

Con el avance de la criminalidad en países del área como México, la necesidad de seguridad va de la mano con la misma. En el diario el Mexicano del 27 de septiembre de 2010, José Israel Ibarra González señaló según las palabras de Martha Sandez Gutiérrez coordinadora del programa emprender, que “Debido a los problemas de delincuencia de Rosario y el resto del Estado, la seguridad privada se ha convertido en un nicho de oportunidad para el desarrollo de negocios, porque se ofrece salvaguardar el patrimonio de las familias y las empresas de la región”. Frente a esta disyuntiva, el autor Juan Soto Villadesuso puntualiza que “Se crea todo un sofisticado sistema penal pero no se estructuran medidas destinadas a hacer frente a los comportamientos desadaptados.

Existen psicólogos, asistentes sociales y educadores en las cárceles, pero no se ponen en funcionamiento medidas preventivas en los barrios, no se crean centros sociales y recreativos para los jóvenes, no se les proporciona empleos.

No se interviene cuando el joven está en peligro, sino cuando es un peligro para la sociedad…”.

Las palabras del autor nos llevan nuevamente a pensar que debemos actuar en forma sinérgica sobre el medio social y transformarlo en beneficio de todos los allí vivimos.

Odontólogo y Abogado, Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá.