¿Es la procuradora independiente?
La sociedad panameña decente y ávida de justicia se encuentra en la actualidad en una especie de encantamiento por la “satisfacción” que producen las acciones que lleva a cabo la nueva procuradora, en el sentido de perseguir el delito de manera constante e investigando a todos aquellos funcionarios del pasado gobierno y empresarios que presuntamente han cometido diversos delitos desde pinchazos telefónicos hasta desfalcos millonarios en las arcas del Estado, acciones que la sociedad aplaude.
Sin embargo, ¿pueden considerarse estas acciones sinónimo de independencia judicial? ¿Son esas acciones producto de una determinación espontánea e independiente de la procuradora de perseguir el delito, venga de donde venga? o, ¿Simplemente responde al querer y voluntad del presidente Juan Carlos Varela de permitir el enjuiciamiento de funcionarios del pasado gobierno? Toda vez que en esta ocasión no existieron los conocidos “pactos de no agresión” que se daban anteriormente entre los gobiernos entrantes y los salientes de: “yo no te investigo y tú no me investigas”.
Urge realizar cambios que conduzcan a una mayor independencia de los órganos de justicia y, en ese sentido, podemos tomar como referencia países vecinos como Colombia, donde al procurador lo elige el Senado, para un periodo de cuatro años de una terna que integran candidatos del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
¿Qué hubiera sucedido si no fuese del interés del presidente que se realizaran esas investigaciones debido a la existencia del pacto de no agresión entre el actual gobierno y el anterior?
¿Qué hubiese sucedido si la procuradora tuviese que investigar a un familiar del presidente Varela, como por ejemplo a su hermano, el diputado, o algún amigo empresario influyente?
¿Por qué todos los casos de corrupción que se investigan son realizados por el gobierno del señor Martinelli y no existe ningún caso vinculado a otros gobiernos, pretendiendo que en estos no se hubiesen cometido los actos de corrupción escandalosos que todos conocemos?
La conducta del ser humano no se moldea únicamente por aquello que llamamos valores y principios que se enseñan en el hogar o en las escuelas. Estos pueden darse y actuar en algunos seres humanos y en otros no.
No se puede dejar el desempeño humano dentro del ámbito social únicamente sobre estos elementos psicológicos o subjetivos. No podemos dejar el destino y funcionamiento de la sociedad al libre albedrío.
Es por ello que existen sistemas y controles diseñados para mitigar cualquier desviación en la conducta humana, de lo contrario, no existiesen las estructuras organizacionales del Estado de control y persuasión, como por ejemplo, la Policía y el mismo Ministerio Público.
No quiero ser pesimista, no obstante, a mi criterio, la independencia de la Procuraduría y los órganos de justicia panameños no están ni siquiera en pañales.
La forma de escogencia de los funcionarios de jerarquía judicial, como procuradores y magistrados, está sujeta a la gracia y beneplácito exclusiva del presidente de la República, ya que todos los demás pasos y requerimientos son puro formalismo legal. Por lo tanto, esos funcionarios actuarán en complacencia del jefe del Ejecutivo que los designó.
Urge realizar cambios que conduzcan a una mayor independencia de los órganos de justicia y, en ese sentido, podemos tomar como referencia países vecinos como Colombia, donde al procurador lo elige el Senado, para un periodo de cuatro años de una terna que integran candidatos del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, lo cual evita una designación inicial netamente presidencial. Es decir, se pueden tomar innumerables ejemplos de otras naciones, lo importante es partir de la base de que nuestro sistema requiere de cambios estructurales urgentes.
Urge blindar constitucionalmente a los órganos de justicia panameños con un ropaje legal que garantice la independencia absoluta y que, además, brinde las características de una justicia expedita, imparcial y equitativa en función de las distintas clases sociales que forman parte de nuestra nación.
Que la justicia se aplique indistintamente al adinerado como al desposeído. Es decir, que la justicia sea igual para todos. Esto, desde mi humilde y quizás optimista parecer, no es mucho pedir.
