España en alarma
Querido Director,
Usted y yo, que no somos constitucionalistas, no tenemos por qué saber qué circunstancias han de concurrir para que un gobierno pueda declarar el Estado de Alarma Nacional. Casi todos los españoles nos hemos enterado ahora que nuestra Constitución prevé que se declare el Estado de Alarma cuando como consecuencia de una grave calamidad natural: terremotos, inundaciones, incendios, quedan suspendidos o anulados vitales servicios públicos y, como consecuencia, el gobierno está facultado para tomar las medidas necesarias que restablezcan esos servicios básicos, incluyendo una previa militarización de los empleados públicos o privados que sea menester.
Hace 10 días los 2,400 controladores aéreos, empleados de la empresa pública AENA (Aeropuertos Nacionales de España) tomaron la increíble decisión de abandonar, todos a la vez, sus puestos de trabajo y como consecuencia, cerrar el espacio aéreo español, provocando un caos absoluto, en este caso agravado, pues era el primer día de cinco festivos, coincidiendo con las fiestas de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Además de los 350,000 pasajeros que quedaron atrapados en los aeropuertos durante dos días y los aproximadamente 6,000 vuelos cancelados desde y hacia medio mundo, se ha provocado un daño casi irreparable en la imagen de España y también hay que sumar los cientos de millones de euros que ha perdido la industria turística.
El gobierno decretó, primero la militarización de los controladores y después el estado de Alarma Nacional por un período de quince días y ahora ya anunciado que se va a renovar por dos meses. El ejército tomó lo aeropuertos y la Guardia Civil, en algunos casos, pistola en mano, obligó a los controladores que se fueron reincorporando ante la amenaza de ser inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la jurisdicción militar, a reiniciar su trabajo. Los organismos competentes de la Unión Europea han expresado su perplejidad ante la idea de que un controlador aéreo, cuyo trabajo requiere el 100% de concentración y reflejos, pueda trabajar con un policía detrás.
El hecho es que la normalidad volvió inmediatamente a las torres primero y a los aeropuertos después y a partir de ahora, cualquier colectivo laboral que se plantee una huelga que pueda afectar a cientos de miles de ciudadanos, se puede enfrentar con una situación similar, en la que los dirigentes sindicales o muchos de los huelguistas, pueden ser condenados hasta a 8 años de prisión, independientemente de las sanciones y consecuencias laborales que su actitud pueda tener en la relación con su empresa.
El 86% de los españoles ha aplaudido la decisión del gobierno y en sesión plenaria del Congreso de los Diputados, todos los grupos le han apoyado. Pero, Señor Director, también algunas voces y cabezas bien pensantes se preguntan que si cuando los sindicatos de izquierda han tenido a Madrid tres semanas sin Metro (tres millones de usuarios sin servicio), perjudicando precisamente a las clases menos pudientes o a ciudades todas gobernadas por la derecha sin servicio de limpieza, con miles de toneladas de basura acumuladas en las calles o han paralizado los hospitales, incluyendo la limpieza, ¿por qué el gobierno de Rodríguez Zapatero no ha actuado con la misma contundencia? La respuesta es fácil: esas huelgas desgastan a los gobiernos municipales o autonómicos del Partido Popular. Además, los sindicatos convocantes, son siempre el socialista y el comunista y por último, el gobierno, en estos casos siempre, califica estos conflictos como “laborales”, sin ni siquiera pensar en adoptar ninguna medida de tipo excepcional. El jueves pasado Zapatero dijo en el Congreso: “El Estado de Alarma ha dado seguridad a los ciudadanos, por lo que vamos a prorrogarlo”. Cuando con la Historia en la mano se ve lo que hace la izquierda en el poder cuando descubre lo eficaces que son los estados excepcionales y el militarismo, es para echarse a temblar!
Atentamente,
