Esquema abyecto

Quienes se oponen al gobierno, no le dan tregua cuando se trata de criticarlo, lo cual es censurable, si el fondo de las críticas son agendas aviesas o electoreras. Pero, cuando los estamentos gubernamentales dan motivos para estas críticas, ¿qué debemos pensar o hacer?

El nuevo escándalo que sacude la opinión pública, es el traspaso, a título gratuito, de un globo de un terreno de la Nación, de un poco más de una hectárea, ubicado frente a la bahía de Panamá, al inicio de Punta Paitilla, avaluado en varios millones de dólares, bajo el supuesto de que había una persona que era “titular de los derechos posesorios”, en atención a la legislación aplicable, y que ahora ese terreno es propiedad de una sociedad anónima que, de acuerdo a la página web del Registro Público de Panamá, fue inscrita el 31 de marzo de 2011, en la cual el referido “titular” es vicepresidente y tesorero sin facultad de representación legal de esta sociedad, pero de propiedad de afectos al gobierno.

Luego de varios días de asoleamiento y cuestionamiento público, de la transacción antes descrita, y de actitudes y declaraciones oficiales, respectivamente, matizadas por el silencio y el “yo no sé, yo no fui, yo no vi, yo no estaba ahí”, el Gobierno anunció que procederá a expropiar el terreno antes descrito.

En este sentido, además de este anuncio, tendrán que demostrar, más allá de toda duda razonable, que esta expropiación no es parte del esquema abyecto que caracteriza la “cesión gratuita” del lote en cuestión, lo que sería un agravante en la lesión patrimonial que ha sufrido el Estado.

Los que conocemos las contrataciones públicas, bajo sus diferentes modalidades, especialmente como funcionarios que jamás dimos viabilidad jurídica para transacciones que eran forzadas por causa del tráfico de influencias, sabemos que la estricta legalidad es aprovechada, por los poderosos y sus adláteres avivatos, para torcerla, y, como corolario, asirse de todas maneras de los beneficios del Estado.

El camino jurídico a seguir, no es que el Estado compre la finca, sino más bien analizar, agotar y aplicar todo el peso de la Ley, por la vía administrativa y por la vía jurisdiccional, para que se demuestre la ilegalidad y deshonestidad de esta cesión, y, en consecuencia, dejarla sin efectos.

Es más, llegar a un acuerdo amistoso, pero jamás, reitero, jamás dar dinero o especies a favor de quienes atracaron el patrimonio público.