Esterilización
Aprobada en tercer debate y sancionada el pasado lunes por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, la ley No. 196 del diputado PRD, Crispiano Adames, sobre el marco regulatorio de la esterilización femenina reanuda el antiguo choque entre la Iglesia Católica y la planificación familiar. La iglesia reitera su posición contra los métodos anticonceptivos, defendiendo el derecho a la vida con una visión teológica, mientras que la ley del doctor Adames persigue objetivos médicos y sociales. El marco regulatorio establece el procedimiento quirúrgico para el ligamento de las trompas de Falopio, e impedir el encuentro del óvulo femenino y el espermatozoide masculino, mediante una pequeña incisión en el abdomen que puede durar 30 o 45 minutos con la técnica de la laparoscopía.
La cirugía es electiva, es decir voluntaria, y se puede efectuar en un centro de salud pública donde se recibe la información pertinente y se firma un formulario. No se trata de una esterilización no autorizada practicada en forma coactiva contra la voluntad de la mujer. Pero aunque respeta la libre determinación de la persona, es importante que la esterilización femenina se lleve a cabo por razones de salud o incapacidad fisiológica o por motivos socioeconómicos debidamente comprobados por médicos ginecólogos o por trabajadores sociales.
En otras palabras, los procedimientos quirúrgicos de esterilización procederían en los casos de madres que no tienen recursos económicos para concebir y mantener más hijos por encima de sus posibilidades reales. Después de tres, cuatro o más hijos, la madre soltera enfrenta las secuelas del desamparo de los hijos que continúa engendrando sin límite.
En otros casos debería verificarse si el estado de la salud o la edad desaconsejan la concepción por razones científicamente fundadas que pongan en riesgo la vida. Pero debe descartarse el control de la natalidad al estilo de los regímenes totalitarios. La planificación familiar procede en los sistemas democráticos cuando se ponen en la balanza políticas de prevención de la pobreza extrema provocada por una irresponsable multiplicación de niños abandonados o desprotegidos por la estrechez crónica de recursos de las familias.
En resumen, la sociedad panameña debiera debatir el tema con realismo, teniendo en cuenta el caldo de cultivo de las desigualdades socioeconómicas y las políticas estatales por adoptarse para atenuar opresivas diferencias. Hay que tender puentes de entendimiento entre quienes rechazan la esterilización femenina y los métodos anticonceptivos farmacéuticos en nombre de principios doctrinarios altamente respetables y los médicos, sociólogos y diputados que interpretan la esterilización voluntaria de las mujeres como el derecho a una justificada planificación familiar, sin llegar a los extremos del aborto penalizado.
En la sociedad abierta no es conveniente que nos encerremos en posiciones dogmáticas, de espaldas a la cruda realidad social de la desestructuración de familias de los sectores populares, donde hay niños que por desgracia vienen al mundo condenados a la desnutrición, al desamparo moral, a una existencia anómala desde todo punto de vista.
