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Estrictos y sin margen de error


Curiosamente cada vez que entra un nuevo gobierno a dirigir el país, saltan sobre la mesa los mismos problemas de siempre.

Entre el desempleo, educación y la salud, también sobresalen los problemas en las vías de comunicación. Eso

incluye carreteras y puentes.

 Solo basta con asistir a una de las famosas Juntas Técnicas Provinciales para concluir que  la mayoría de las solicitudes están enfocadas en mejorar las vías.

 Nadie entiende como una obra millonaria, financiada con recursos del Estado (o sea proveniente de los impuestos de los contribuyentes) puede quedar destruida en meses.  La respuesta era muy fácil, las empresas contratistas reducían el espesor del asfalto para ahorrarse dinero y utilizaban materiales de mala calidad.

 Al momento de surgir los reclamos no había otra alternativa que recurrir a las fianzas de garantías y eran las aseguradoras las que debían dar la cara, mientras tanto los ciudadanos tenían que  sufrir las consecuencias de ese problema.

 Los inspectores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) siempre fueron  cuestionados, porque eran los funcionarios que debían verificar que se cumplieran con las especificaciones de los contratos.

 El propio ministro del MOP, Federico Suárez, confirmó que cuando ingresó a la institución se encontró con serias irregularidades.

Los procesos han cambiado y ahora hay más rigurosidad con las inspecciones. Incluso se han ejecutado centenares de fianzas, y las aseguradoras han tenido que afinar sus procedimientos para otorgar las mismas.

En la medida que el gobierno sea más exigente con los contratos, así mismo mejorará la calidad de las obras públicas.

  Es triste cuando  grandes proyectos  como el Puente Centenario  sufren por la mala planificación y la falta de rigurosidad técnica. Hoy se reabre después de 10 meses y millones de dólares invertidos.