Ética del funcionario y el empleado público
De cuando en cuando se habla de la necesidad de elaborar y aplicar un código de ética que sirva de guía a los funcionarios y empleados públicos. La intención y el esfuerzo en esa dirección, desde todo punto de vista, son plausibles, dignos de ejecutar. Sobre el particular, ya nos hemos referido en diversas ocasiones. Sin embargo, es válida la ocasión para reiterar la lección moralista de tan importante tema, sobre todo, en el ámbito de la administración pública.
En efecto, quien suponga que el ejercicio de una profesión o el desempeño de un cargo público constituye un privilegio o una canonjía, equivoca el concepto y tergiversa la función. No olvidemos los actos de corrupción de pasadas administraciones que aún se encuentran pendientes de la acción de la justicia. Pero pareciera que hacer justicia en Panamá se ha convertido en una tarea muy complicada y difícil, lo que ha obligado a la ciudadanía a manifestarse en contra del comportamiento de magistrados y jueces por el hecho de permitir la impunidad selectiva en nuestro medio.
Especular con las necesidades públicas y obrar al único impulso de las condiciones materialistas y por razón de una febril aspiración de ilícito enriquecimiento es incurrir en un delito que sanciona el código de la moral. Infortunadamente, proceden desde muy lejos esas indecorosas artimañas de los mercaderes sin escrúpulos, que no tienen reparos en acrecentar la pila de sus talegas, aunque para ello tengan que explotar con el hambre del pueblo.
Quien ocupa un cargo --repetimos-- con espíritu desaprensivo, pensando solo en la retribución material o en las ventajas personales que el mismo pueda proporcionar, interpreta equivocadamente la función y usurpa un sitio que está reservado para un semejante mejor dotado y más útil en el terreno del orden general. Quien convierta la función pública en un pretexto para su holganza, en un trampolín para sus menguadas ambiciones, en un instrumento para el enriquecimiento ilícito o en un laboratorio de deshonestas maquinaciones en las que son ingredientes fatales el favoritismo, la prebenda, el peculado, el acoso sexual y el soborno, burla el mandato conferido y traiciona la confianza prodigada, incurre en un delito de lesa dignidad.
Nuestros funcionarios y empleados públicos, todos sin excepción (hombres y mujeres), deben saber que la función pública no es una prebenda ni un privilegio ni una canonjía. Es una asignación de un puesto de acción, de trabajo y de lucha, en el que hay que moverse con diligencia, con circunspección, con eficacia, con afabilidad y con decencia.
La historia del mundo en general (y la de Panamá en particular) está llena de figuras estelares que se fijaron en el recuerdo eterno por ley de perennidad. Fueron grandes por el desinterés, por la rectitud, por el estoicismo, por la valentía y por la suprema gloria de la idea. Las hicieron inmortales la rectitud de la conducta, la belleza del gesto y la fuerza de la abnegación. Esos muchos ejemplos de dignidad y decoro son y deben ser siempre el ejemplo de todos nuestros funcionarios y empleados públicos. Por eso deben, de la mejor manera, aplicar la mayor contracción a la tarea específica que le compete a cada cual y ejercitar la posible colaboración en el propósito de facilitar gestiones, obviar obstáculos y agilitar tramitaciones, eliminar el mal de la recámara burocrática que dilata soluciones, lesiona legítimos intereses y entorpece la acción del progreso social.
Y en cuanto al magisterio panameño se refiere, hay algo más que decir: hoy día, 23 de febrero, se inicia oficialmente el año escolar 2015. Todos los panameños estamos conscientes de la grave crisis por la que atraviesa la educación nacional, por lo que insistimos en la responsabilidad e importancia de ser maestro.
Quien ha escogido la carrera del magisterio sabe por anticipado que su labor es de sacrificio, de magras retribuciones y de abnegación, pero se alienta con saber que la sociedad deposita confiadamente en sus manos el destino de las futuras generaciones, por su particular sensibilidad social, probidad e idoneidad.
