Evasión fiscal
Este año, Panamá y Estados Unidos deben llevar a la práctica la vigencia del Fatca, siglas en inglés de la norma de cumplimiento del convenio de intercambio de información fiscal sobre cuentas bancarias de personas naturales y personas jurídicas de Estados Unidos. La ley fue aprobada en Estados Unidos en 2010, pero ha sufrido varias modificaciones. Se conoce que se ha consensuado el texto del acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que tenga vigencia a partir del año en curso. A diferencia de Panamá, rige en la legislación fiscal de Estados Unidos el sistema de doble tributación, mediante el cual los ciudadanos y empresas de origen norteamericano pagan impuestos sobre las rentas que generen dentro y fuera del país. Sin embargo, no se cumple el sistema de doble tributación en el extranjero, con lo que se produce una cuantiosa evasión fiscal.
En esta perspectiva, Estados Unidos solicita la colaboración de países amigos como Panamá para obtener información sobre empresas y personas residentes en otras naciones en las que obtienen ingresos no declarados. La colaboración se canaliza con la firma del IGA, siglas en inglés del acuerdo intergubernamental de información fiscal. La tendencia internacional se encamina recientemente al campo del intercambio de información fiscal entre los Estados para poder sistematizar la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Desde hace años, las leyes panameñas se han convertido en una barrera para prevenir los llamados delitos financieros, antes de que organismos como la Ocde y el Gafi trataran de presionar a través de la homologación de normas internacionales sobre el lavado de dinero y eliminar los paraísos fiscales.
Expertos panameños en la materia indican que la Ocde, a través de la recomendación de 2012, propone que los países adopten medidas para prevenir el uso indebido de personas jurídicas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El objetivo es que las naciones revisen las sociedades anónimas que emiten acciones al portador para identificar a los dueños de estas, lo cual puede efectuarse mediante autorización judicial si las autoridades hallan fundadas las sospechas de delitos financieros.
La Ocde señala rutas del registro corporativo a través de un proveedor de servicios corporativos y medidas de corte policial para perseguir delitos financieros. El gobierno anterior modificó la ley de sociedades anónimas, al prescribir que las acciones al portador sean custodiadas ya sea por bancos o bufetes de abogados. El actual gobierno emitió decretos ejecutivos para modificar la ley de la Unidad de Delitos Financieros (UAF) y la comisión presidencial de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales. La UAF sigue adscrita al Ministerio de la Presidencia, cuando lo aconsejable es que pertenezca al Ministerio de Economía y Finanzas.
Panamá ha suscrito varios tratados internacionales de cooperación contra el tráfico ilícito de estupefacientes con Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay, Argentina; con la comisión centroamericana permanente para erradicar la producción, tráfico, consumo y uso ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la convención de Naciones Unidas contra sustancias ilícitas; convenio con Estados Unidos con los mismos propósitos; tratados de asistencia legal mutua entre Panamá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
