Exceso de fuerza
La organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Everywhere, elaboró un informe sobre la represión policial que sufrieron los indígenas gnäbes durante las protestas en contra de la reforma minera, que deja mal parado al Gobierno.
La ONG, con sede en Luxemburgo, sostiene, entre otras cosas, que el Gobierno panameño mantiene un “patrón” de uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones públicas de los pueblos indígenas.
También plantea que a los detenidos en las protestas contra la Ley de Minería se les violó el debido proceso y que sus casos dependían más de una decisión del Ejecutivo que de la administración de justicia.
En el tema judicial, destaca que los detenidos no eran informados sobre su situación jurídica, se les mantuvo incomunicados y les negaron su derecho a tener la asistencia de un abogado defensor.
Human Rights sustenta su primera afirmación en que la Policía Nacional utilizó en el tema minero los mismos niveles de fuerza que usó para reprimir a los indígenas de Bocas del Toro que protestaban contra la denominada “ley chorizo”.
Lo cierto es que durante los enfrentamientos registrados en Bocas, Chiriquí y Veraguas se apreció una reacción policial inusual, solo comparable a la que se produjo en la aciaga época de la dictadura militar.
El Gobierno ha negado los excesos en el uso de la fuerza y argumentado diferentes atenuantes en el tema policial, que podrían ser discutidos.
Lo que sí no acepta excusas ni atenuantes es la violación del debido proceso y la injerencia del Ejecutivo en la administración de justicia.
Excesiva represión y violación del debido proceso son particularidades que se registran solo en gobiernos totalitarios, que no es el tipo de gobierno que los panameños deseamos.
Seguramente, las autoridades tendrán otra visión de lo ocurrido. Lo importante es que podamos ver a tiempo y entendamos que estas prácticas no encajan en el sistema democrático que estamos perfeccionando, basado en el imperio de la ley y los derechos fundamentales.
