Exija su dinero, que la democracia paga
La justicia de la chequera. Esa parece ser la máxima de la Corte Suprema de Justicia actual. Exonerar y pagar, en vez de condenar.
Según el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, por un fallo del Máximo Tribunal el actual jefe de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, podrá exigir que se le paguen sus salarios caídos desde el 22 de marzo de 1990 –fecha en que fue expulsado de las desaparecidas Fuerzas de Defensa, al ser acusado de secuestrar ciudadanos de Estados Unidos durante la invasión- a la actualidad.
En total, Pérez podría recibir de las arcas del Estado unos 130 mil dólares. Esto gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, según anunció el ministro de Seguridad. “A [Gustavo Pérez] se le cumplió lo que estamos haciendo en otros casos”, explicó Mulino, sin dar mayores detalles.
De igual manera, la semana pasada se informó que el Estado deberá pagar a los familiares del fallecido Omar Torrijos el dinero de las vacaciones no gozadas del exdictador durante los años que estuvo al mando de facto del país.
El monto que recibirán los herederos de Torrijos no ha sido informado.
La lógica por la cual el Estado debe ahora en democracia desembolsar dinero para pagar a funcionarios de la dictadura aún no está del todo claro. Y llevando este asunto al absurdo, la misma lógica nos permitiría concluir que hasta Manuel Antonio Noriega (y varios de sus lugartenientes) pueden exigir al Estado, el mismo que avasallaron, el pago de sus “salarios” caídos con la vuelta de la democracia y los procesos disciplinarios que los expulsó de la vida militar.
Pareciera que, a pesar de que aún la justicia no llegó al fondo del asunto en todo lo vinculado a la violación de los derechos humanos durante la dictadura, ya se abrió la ventanilla para pedir dinero.
Ya saben, la democracia paga.
