Favoritismo
Flaco favor hará el gobierno panameñista a la institucionalidad democrática si extiende por diez años más al magistrado del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery, blanco de fuertes críticas por su desempeño en el periodo presidencial de Juan Carlos Varela. Ningún funcionario es irreemplazable, ni la legislación electoral es ciencia infusa que solo conoce un número reducido de abogados especialistas. La rotación de funcionarios que permanecen más de veinte años en un cargo es una necesidad de orden administrativo, máxime si ha incurrido en delicadas impugnaciones de los sectores políticos afectados por sus decisiones.
Las últimas decisiones del magistrado Valdés al avalar la nulidad de las elecciones de los circuitos 4-6, 4-5 y 9-1 y autorizar alianzas políticas fuera de las normas del Código Electoral incubaron divergencias que no hacen viable su continuidad en el TE.
El Gobierno va a ratificar a Valdés, según medios progobiernistas, sin importarle un comino lo que diga la gente. Este estilo autocrático de gobierno no cesa de carcomer el Estado de Derecho en nombramientos, decretos y en muchas decisiones subjetivas.
Contra viento y marea, Varela quiere la continuidad de magistrados sumisos a sus intereses políticos coyunturales, gracias a los cuales ha aumentado a 16 curules su representación en la Asamblea Nacional. Por línea de carrera seguirá designando a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o procuradores de lo administrativo, para que hagan lo que le conviene.
Domina el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Electoral, el Judicial. La concentración de poderes del Gobierno es una patología inconstitucional que destruye la separación del Ejecutivo de otros órganos públicos, disolviendo la frontera entre la democracia y la dictadura, entre la independencia y la dependencia.
Monopolizando los poderes públicos sacia la incontenible sed de venganza que respira por los poros el régimen panameñista-perredista. La desbocada tendencia de hegemonismo político también comprende a la empresa privada, alarmada por la prolongación del ineficaz control de precios, su intromisión en las importaciones de arroz pilado y por la anulación de licitaciones para imponer la selección de empresas amigas.
En las elecciones de mayo, el pueblo votó por diputados de Cambio Democrático para que ejercieran la oposición legislativa en las urnas de mayo presintiendo el abuso del poder típicamente panameñista.
Se fabricó la anulación de las elecciones legítimas de diputados y representantes de CD, con la complicidad cada vez más notoria del TE. Pero la maniobra electoral fue puesta al descubierto en forma elocuente en la segunda vuelta de los comicios impugnados.
Los fundamentos de las impugnaciones aprobadas por el TE fueron desestimados por los mismos votantes de los circuitos. Después de las derrotas sucesivas en tres circuitos cambiaron los candidatos de la elección original con la fórmula dos en uno, vale decir de presentar aspirantes apoyados por votos del panameñismo y el PRD. De la noche a la mañana cambiaron las reglas electorales, convirtiendo circuitos plurinominales en circuitos uninominales, más billetes.
¡Qué descaro! ¡Qué impudicia! ¡Qué vergüenza!
