Financiamiento de planes de gobierno en un país portátil

Revisando los planes de gobierno que nos presentan los candidatos a la presidencia, observamos que no está claro con qué recursos los financiarán. Estamos a dos meses de que se elija al presidente para los próximos cinco años. Y los desafíos para el nuevo gobierno son de orden laboral, social, ambiental y especialmente en lo fiscal.

La segunda pregunta que se hacen los panameños es hacia dónde deben orientarse los esfuerzos del Gobierno para encaminarse en la senda de una sostenibilidad fiscal que allane el camino al crecimiento económico y procure la mejora del bienestar social. Al revisar los planes de los principales partidos en contienda, lo que se encuentra es un conjunto de promesas de campaña y discursos políticos con millones de dólares desperdiciados, con sus matices, por supuesto, unos con una orientación más empresarial, otros con una más social, pero sin soluciones concretas a los problemas fiscales y sociales que aquejan el país.

Esos documentos deberían ser verdaderos ejercicios de planificación que muestren el camino a seguir en el próximo quinquenio con propuestas claras y concretas, especialmente viendo de dónde obtendrán los recursos para financiar sus planes de gobierno. Lejos de eso, lo que encontramos todos los días en los medios de comunicación son publicitarios, discursos prefabricados, bien diseñados en algunos casos, con mensajes superficiales provenientes de estrategias de , ofertando más programas asistenciales y no propuestas factibles de movilidad social, participación ciudadana y liderazgos colectivos para dar soluciones a los problemas nacionales, olvidando que sin organización comunitaria y un Estado fuerte no hay plan que pueda hacer algo en escasos 5 años.

Es evidente que la clase política no hace una lectura correcta de los desafíos que enfrenta el país; el cuarto informe de estado de la región en desarrollo humano sostenible pone de relieve que Panamá es uno de los países en Centroamérica más vulnerables de la región ante desastres naturales, un país donde crece la violencia de género, sin una política de Estado de prevención, con una de las economías que más crece, pero la que menos distribuye; que hay miles de panameños que viven en extrema pobreza, con menos de 1 dólar al día, la calidad educativa deja mucho que desear, a nuestros hospitales aún les faltan medicinas y equipo de calidad, en un país donde la salud se convirtió en mercancía; somos un país desigual y un lugar donde las mujeres todavía siguen sufriendo diversos tipos de violencia institucional, física y económica.

Pero sobre todo, que hay miles de niños, niñas y adolescentes a quienes el Estado ha sido incapaz de garantizarles sus derechos, que se encuentran fuera del sistema educativo; jóvenes que ni estudian ni trabajan en edades entre 12 y 24 años, y que pueden ser reclutados por el crimen organizado o ser presas de la prostitución infantil.

Estos problemas los venimos arrastrando por décadas, no obstante, es importante reconocer que a pesar de la pasada crisis económica mundial, se ha avanzado relativamente en los indicadores sociales. Los retos para el país son grandes, y la percepción que tienen los ciudadanos es que no se tiene una brújula clara para enfrentar los planes de gobierno. Porque darle respuesta a los problemas mencionados requerirá, por una parte, de un gran consenso nacional más allá de un periodo electoral, pero que además requiere de un modelo económico inclusivo con más trabajadores y trabajadoras con trabajo decente y más libertad sindical.

También requerirá hacer mayores inversiones en institucionalidad, construcción de tejido social en las comunidades que han sido desmanteladas por décadas por las élites y los grupos de poder económico vinculados a la política y al sector empresarial, que en el caso de Panamá son 115 multimillonarios, según el informe World Ultra Wealth Report 2013.

En conclusión, qué tal si además de escuchar sus promesas de un país imaginario de rascacielos o un país portátil, que es fácil hacerlo andar con préstamos del extranjero en donde todo se vende y se compra, comenzamos a preguntarle a la clase política sobre la política fiscal y sus enormes desafíos. Porque a menos que tengan pensado mejorar la educación, incrementar la cobertura de salud, solucionar el problema de la inseguridad y erradicar la pobreza extrema a través de leyes y decretos, tendrán que hablar del financiamiento con el que pondrán en marcha sus planes de gobierno.

La realidad actual del Estado hace imposible poner en marcha una sola política, un solo subsidio o programa público adicional a lo que ya se hace. Si observamos la situación fiscal actual de nuestro país, de no haber una respuesta concreta para aumentar los ingresos, optimizar el gasto y hacer sostenible la deuda, el próximo gobierno no tendrá posibilidades de hacer ni siquiera lo que ya se hace. Por lo tanto, es imperante un pacto fiscal, pacto que en ninguno de los planes de gobierno aparece.