Finanzas Públicas: otro episodio de la acumulación por desposesión
Desde que el actual sistema se desarrolló a partir de la descomposición del régimen feudal, las finanzas públicas, junto a otros dispositivos, aparecieron como un importante elemento de lo que hoy se conoce como acumulación por desposesión. En este proceso, como se ha explicado en otras ocasiones, el Estado funciona como un mecanismo de rapiña y despojo destinado a promover la formación del capital.
En las finanzas públicas panameñas este proceso resulta evidenciado en la evolución de la deuda pública, que se incrementó de B/10,505.2 millones, en febrero de 2009, a B/13,143.5 millones, en febrero de 2012. Se trata de un aumento que en solo tres años ha elevado la deuda pública, cuyo pago todos los panameños tendremos que cumplir con nuestro esfuerzo colectivo, en 25.1%.
Se trata de un proceso que se mantendrá durante el presente año, habida cuenta de que el Gobierno ha presupuestado un incremento de la misma equivalente a B/ 1060.2. Todo esto, vale la pena añadir, con el fin de financiar un proyecto de inversiones, diseñado para consolidar el proyecto de crecimiento concertante y excluyente y beneficiar a los capitales de la construcción ligados al actual Gobierno.
Junto al mecanismo de la deuda ahora se hace evidente otro mecanismo de acumulación por desposesión a partir de las finanzas públicas. El mismo se refiere a la venta de activos, seguramente por debajo de su precio real, con la finalidad de favorecer la acumulación privada de capitales y seguir financiando el proyecto de desarrollo de infraestructuras destinado a sostener el actual modelo de crecimiento. Es así que, de acuerdo con el presupuesto público vigente durante el 2012 el Gobierno ha decidido vender activos públicos por un valor de B/ 400.00 millones, de los cuales B/250.00 millones representan terrenos.
Entre las desposesiones que dentro de esta filosofía enfrenta la nación panameña se encuentra la propuesta de la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón, lo que privarán al Estado de una renta anual de cerca de B/ 30 millones. La idea esgrimida a partir del Ministerio de Comercio e Industrias, de que esta venta es necesaria, dado que las rentas que se cobra por las mismas es muy baja, resulta, por decir lo mínimo, ridícula. ¿Cómo no entender que la solución lógica sería elevarlas a un nivel más adecuado?
Adicionalmente la proyectada venta de las acciones del Estado en Cables & Wireless representa el despojo de un activo que ha generado B/ 70 millones anuales al Estado, lo que resulta totalmente inconveniente para el bien común.
En este caso, la idea de que el Estado no puede ser accionista de una empresa y regulador a la vez resulta absurda, habida cuenta de que el propio Estado, aun cuando mantiene el 49% de las acciones, cedió toda la administración a la transnacional, mientras que la ASEP ha resultado completamente incapaz de defender el interés y el bienestar de la población. La defensa de los objetivos de la Nación precisa, consecuentemente, que evitemos estas nuevas formas de rapiña.
Economista.
