Finmeccanica
Ningún gobierno paga nueve millones de dólares por compras que carezcan de respaldo legal. Por tanto, los pagos del gobierno de Juan Carlos Varela a la empresa italiana Finmeccanica convalidan la legalidad de las compras de 6 helicópteros, 19 radares y un mapa digital por cumplimiento de un convenio de Estado celebrado entre Panamá e Italia.
Los pagos echan por tierra el acuerdo del Consejo de Gabinete del 5 de agosto que declaró la suspensión de los pagos a Finmeccanica. Peor aún, siete días antes del comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la firma de la viceministra Eyda Varela de Chinchilla, el 29 de julio, efectuó cuatro pagos por $9 millones de la deuda con dicha empresa italiana y desvió fondos asignados a la construcción de la carretera David-Santiago, el metro y el Saneamiento de la Bahía, según confirman copias de las cartas enviadas a un directivo de Finmeccanica, que hemos publicado.
El presidente Juan Carlos Varela, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, y otros voceros políticos del panameñismo quedan en situación ética precaria por las graves contradicciones entre sus palabras y los hechos de gobierno representados por las amortizaciones al compromiso de pagos a Finmeccanica.
Sembraron dudas sobre la legalidad de los contratos con la empresa italiana con el propósito de acusar al gobierno de Ricardo Martinelli de la comisión de actos inmorales. Llegaron a la temeridad de anunciar que el consejo de ministros había acordado la suspensión del convenio y, obviamente, paralizar los compromisos crediticios cuando conocían que el MEF, en fecha anterior al comunicado, había hecho el desembolso.
No hubo escrúpulos políticos y morales para firmar con la mano derecha las órdenes de pago y con la izquierda, el comunicado que compromete la confianza pública en las decisiones contradictorias del Ejecutivo.
Antes de las elecciones y con reiterado énfasis demagógico durante la campaña presidencial, el candidato Varela formuló denuncias sobre este convenio de Estado. Al llegar a la Presidencia de la República no vaciló en llegar al extremo de informar sobre la suspensión del contrato, aduciendo que los análisis técnicos indicaban “que los equipos instalados a la fecha no cumplen con el alcance pactado en dicho contrato para que puedan ser de utilidad a los estamentos de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico y contra las actividades del crimen organizado”.
Alguien con sentido común debe haber advertido al Gobierno que se metió en un camino pedregoso al negarse al cumplimiento del contrato, lo cual pone a la República de Panamá como susceptible de una demanda de la República de Italia por canales arbitrales internacionales. Máxime si la suspensión del contrato obedece a motivos de absurdo revanchismo político, y no a razones técnicas de fondo que avalen la congelación de los pagos a bancos internacionales.
El irrespeto a la estabilidad jurídica se yergue como una característica negativa del Gobierno que perjudica la imagen internacional de Panamá, no solo en el caso de Finmeccanica, sino de otras empresas nacionales y extranjeras que están en el blanco de críticas y amenazas de suspensión de contratos celebrados por el Estado como represalia política contra el gobierno de Cambio Democrático. El Gobierno cumple los contratos firmados sin lograr librarse del descrédito internacional.
