Firmeza contra lentitud
La posición vacilante y timorata del gobierno del presidente Juan Carlos Varela contrasta con la defensa enérgica y fundamentada de los expresidentes de la república contra Colombia. Mientras el gobierno de Juan Manuel Santos no titubeó en calificar a Panamá como paraíso fiscal, el gobierno de Varela dio un plazo de siete días para que rectifique la inamistosa medida. Afirmó que no negociaría una salida del infundio tributario en tanto el gobierno de Santos no derogue el decreto de marras, pero la canciller colombiana llega a nuestro país sin que se cumpla la condición previa del levantamiento de la medida.
El comunicado suscrito por todos los expresidentes da un ejemplo de sólida dialéctica diplomática que la Cancillería criolla debe asimilar como modelo de cómo debe reaccionar un gobierno ante los considerandos del decreto colombiano. Se nos imputa una serie de cargos sobre falta de transparencia, laxitud del sistema tributario, descontrol en la inversión de capital foráneo, que constituyen un agravio a la soberanía panameña.
El régimen de Santos ha recurrido al ardid de mezclar a Panamá con países remotos del Pacífico Sur con los cuales Colombia no tiene, o son muy débiles, relaciones financieras ni diplomáticas. Si estos pequeños países tienen sistemas tributarios más atractivos para inversionistas foráneos, hay que comprender las razones intrínsecas de sus políticas fiscales.
Pero el régimen de Santos debe respetar los principios de la libre determinación de las naciones que respaldan el derecho de elaborar políticas económicas soberanas. No puede invadir o pisotear normas ajenas a la esfera colombiana, violando el principio de no adoptar medidas de injerencia en asuntos internos de otros países.
Panamá tiene una política abierta a la libertad económica que nos consolida como país líder en el crecimiento económico regional. Gracias a las garantías de estabilidad económica y de apertura migratoria, en Panamá conviven bancos, empresas industriales, empresas de servicios y, sobre todo, miles de colombianos de a pie que por el desempleo, la violencia guerrillera, las mafias del narcotráfico y otros motivos, salieron de su país para trabajar en paz y en libertad.
El decreto de Santos afecta más a las empresas colombianas y a los residentes que eligieron Panamá como tierra hospitalaria. No nos tome como pretexto para evadir las responsabilidades sociales de su gobierno. No vamos a pedirle cuentas por la fuga de capitales, la emigración incontenible, el desenfreno del narcotráfico en Panamá y la política económica porque no nos corresponde presionarlo ni interponernos en el ejercicio de su soberanía. No debemos caer en sus mismos errores.
Serenidad ante la intemperancia; equidad ante los desbordamientos ajenos; firme defensa de las leyes nacionales ante la irracionalidad de las medidas extravagantes, debe ser la regla de oro de Panamá. El proteccionismo fiscal colombiano ha levantado barreras aduaneras que violan la libre competencia. Sin posiciones extremistas, Panamá ha recurrido al arbitraje de la OMC para que resuelva el proteccionismo aduanero que afecta la Zona Libre de Colón. Los productos textiles y de calzado se fabrican en China, Japón, Corea del Sur e India y se acogen al régimen tributario de la Zona Libre de Colón. Colombia agrede a esos países, en realidad; cada país tiene sus santos y sus demonios.
