Fondos buitre

El Gobierno argentino, que preside Cristina Fernández, ha expuesto en la OEA la delicada situación económica que afronta por la cobranza judicial en Estados Unidos de bonos de la deuda soberana por 1,500 millones de dólares, la mitad de sus reservas de moneda extranjera. La cobranza es consecuencia de la demanda judicial de un fondo de inversión de riesgo conocido popularmente como fondos buitre.

Anteriormente estos fondos especulativos presionaron a Paraguay, Congo, Polonia, Brasil, Perú, Panamá por idénticos motivos. Argentina recibe el apoyo de Unasur, Alba, Mercosur y otras organizaciones integracionistas contrarias a las demandas judiciales que despliegan los fondos buitre. El gobierno de Barack Obama ha señalado que no puede intervenir en asuntos judiciales y se neutraliza en el caso argentino en nombre de la independencia de los poderes públicos.

En el argot popular se denomina fondos buitre a fondos de inversiones de riesgo que se dedican a recomprar deudas estatales a precios entre el 20% y el 30% para después exigir judicialmente pagos por el ciento por ciento de las deudas, en este caso de bonos de la deuda soberana argentina.

Es cierto que los compradores de deudas internacionales asumen riesgos de no obtener la recuperación de sus inversiones, pero los asesores legales de las empresas de fondos buitre se especializan en embargos de bienes estatales si no llegan a recibir dinero, como aconteció con un barco de guerra de bandera argentina anclado en un puerto africano, que se logró levantar el embargo porque los barcos de guerra son inembargables por ser patrimonio del sistema defensivo de una nación.

En esta ocasión, la posición jurídica del Gobierno argentino es frágil debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no admitió el recurso de apelación contra el fallo del juez de Nueva York que ve la causa, y la demanda regresó a esa instancia. Argentina afronta la amenaza del embargo de miles de millones de dólares que había depositado en bancos del exterior para no caer en la cesación de pagos (default) de compromisos pendientes que elevarían la calificación de riesgos a un nivel que devaluaría su capacidad de recibir inversiones privadas de origen internacional.

El Gobierno argentino logró que los tenedores de bonos de la deuda soberana aceptarán la reestructuración financiera encauzada a una amortización progresiva de los adeudos, incluyendo la opción de reducir las deudas y percibir pagos en moneda nacional. La resolución del juez de Nueva York podría anular la reestructuración de la deuda y obligar a pagar las deudas en dólares, lo que sumiría a la nación en la categoría de cesación de pagos si no cumpliera la decisión judicial.

Los fondos buitre planean sobre los países emergentes en dificultades económicas, sin importarles las calamitosas consecuencias que pueden desencadenar —representan una muestra del “capitalismo salvaje” que especula con la estabilidad financiera de una nación con el propósito de recuperar sus inversiones bajas en bonos de deuda con utilidades especulativas.

Argentina rechaza las maniobras especulativas de los fondos buitres que sobreponen sus intereses crematísticos a sabiendas de que tienen bajo sus garras a los países devastados por crisis económicas.