Fondos públicos
El uso de fondos públicos con objetivos electorales quedó al descubierto con la distribución de bonos a los diputados en vísperas de la segunda vuelta de elecciones de diputados y representantes de corregimientos. Con una bolsa de $25,000 para regalar pavos, jamones, estufas, etc., el panameñismo convierte a sus diputados y a los del PRD en sospechosos filántropos cuya torcida meta es ganar las elecciones impugnadas.
Las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela corroboran la intencionalidad electoral de los bonos repudiados por la opinión pública. Se revela que los regalos a los votantes forman parte de una trama cuya mira es impedir que Cambio Democrático se ratifique como la bancada más numerosa de la Asamblea Nacional y que tanto los panameñistas como los perredistas ganen las elecciones pendientes.
Si los bonos son una asistencia social y no una maniobra electoral, deben canalizarse a través del ministerio a cargo de suplir ayudas de ese tipo. Pero la alegada inocencia política no es una cualidad que caracterice al panameñismo o al PRD. Las pruebas del entendimiento partidario están a la vista con el intercambio de votos entre el panameñismo y el PRD.
Bajo el lema “hoy por ti, mañana por mí”, los perredistas votan por los candidatos panameñistas y estos por aquellos en una alianza adulterina rechazada hasta por sus militantes que no olvidan las luchas sangrientas del pasado. La movida de burdo calibre de los bonos ha levantado una tempestad de críticas.
El abogado Miguel Antonio Bernal opina que, aunque los diputados regresen el dinero, ya se cometió un delito que debe investigar la Procuraduría. El excandidato presidencial independiente Juan Jované considera que los bonos no son algo que surgiera de la Asamblea, sino que traía el aval del Órgano Ejecutivo en complicidad con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La posición oficial del MEF es la contención del gasto público y la aprobación de recursos de acuerdo con partidas específicas de gasto en el presupuesto general. El ministro Dulcidio De La Guardia queda mal parado con la repartición de los bonos en forma discrecional con el aval del Ejecutivo. Está obligado a explicar este gasto ajeno al presupuesto general. Esta extralimitación de las funciones del Órgano Ejecutivo será la primera prueba de la independencia del contralor Federico Humbert y la procuradora Kenia Porcell.
La Constitución establece que es función de la Contraloría “fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la ley”. También precisa que la Procuraduría debe “vigilar la conducta oficial de los empleados públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes” y “perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales”.
Los primeros de la fila a efecto de investigaciones por violaciones constitucionales son el ministro De La Guardia y el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, y otros que resulten complicados en el despilfarro de fondos públicos. El delito ya se cometió y no hay marcha atrás. Por supuesto, partiendo del supuesto cumplimiento del contralor y la procuradora en sus respectivas funciones, a menos que las pasen por alto por tratarse de hechos del gobierno actual.
