Frenen el abuso
Está comprobado, hasta la saciedad, que detrás de la mayoría de las invasiones de tierras que se registran en el país hay un vil negociado. Esto, a ciencia y paciencia del Ministerio de Vivienda y las corregidurías, que no han sido capaces de frenar este viejo abuso sancionando a quienes lucran con el bien ajeno.
Para muestra un botón, en la invasión de tierras privadas que se registró este fin de semana en Pacora, los precaristas llegaron en tres buses alquilados, con carpas nuevas para acampar, que por sus características evidencian que fueron compradas en el mismo comercio; llevaban rollos de cintas amarillas para marcar los lotes y megáfonos para realizar mítines.
Toda una organización que, además, involucra recursos. Y así, la misma situación se replica en Panamá Oeste, Chiriquí y muchas otras comunidades del país. No es casual que cientos de personas decidan organizarse y caerles en pandilla a terrenos privados, como si estuviéramos viviendo en el peor de los tiempos de la barbarie, en el que las leyes no existían.
Precisamente es el respeto mínimo de las leyes el que nos garantizará vivir en una sociedad justa, en el que la propiedad privada y los derechos individuales tengan su justo valor. La Constitución Nacional consagra el respeto a los bienes privados y las garantías fundamentales de cada individuo. Desconocerlo sería echar al traste la seguridad jurídica que tanto pregonamos como país.
Es cierto que la Carta Magna también ordena al Estado que establezca políticas nacionales de vivienda para garantizar que los ciudadanos, sobre todo los de menos recursos, tengan una casa decorosa, pero en ningún momento esto debe interpretarse como que el Estado se quedará con los brazos cruzados mientras avivatos organizados lucran con la miseria de los demás.
Los asentamientos espontáneos surgen como hongos, en Pacora existen ya miles de familias que, como una avalancha imparable, se han apropiado de un lote, pero no de cualquiera, sino de los que están cerca de la carretera Panamericana y que representan un valor más elevado a la hora de la reventa.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y diferentes corregidurías reconocen que detrás de esta actividad hay un negociado de personas que invaden simultáneamente en varios lugares, acaparan terrenos y después los venden a personas realmente necesitadas, pero cuando el caso llega ante las autoridades no pasa de una simple orden de desalojo, sin que los especuladores sean sancionados de alguna manera.
Es hora ya de que las autoridades pertinentes se pongan los pantalones y acaben con esta vergonzosa práctica. Nadie duda de que hay familias que necesitan realmente una vivienda, el déficit habitacional de 136 mil casas que hay en el país lo demuestra. Tampoco se puede negar que el Estado hace su parte con los programas sociales y subsidios en materia de vivienda, sobre todo a los más necesitados, que adelanta y que nos representan cerca de 100 millones de dólares por año.
La comprobada necesidad de unos no debe mezclarse con la viveza de otros. Permitir que esta situación continúe sería patrocinar la autodestrucción de las instituciones legales y sociales del país.
