Fuera de control
Reconocer que la delincuencia y el crimen organizado han ganado terreno en Panamá no debería ser un asunto político.
Evidentemente, los distintos gobiernos han realizado un esfuerzo titánico para minimizar los impactos del narcotráfico y de la violencia, sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer.
La política de seguridad de Panamá viene dando tumbos en los últimos años. En áreas residenciales donde viven personas decentes, pandilleros armados operan a plena luz del día.
La droga se vende en las esquinas y muy pocos tienen el valor de denunciarlo, sus vidas podrían estar en juego.
La ley del silencio en ocasiones prevalece, y los ciudadanos están secuestrados por los narcos que siguen haciendo de las suyas.
Es un hecho que las labores de inteligencia han dado resultados y las autoridades conocen con nombre y apellido a los líderes de esos grupos.
Muchos panameños están cansados. Si los barrios están calientes por la venta y consumo de drogas, entonces incrementen los operativos de profilaxis.
Si la mayoría de los pandilleros son menores de edad, entonces es urgente aplicar toque de queda en algunas zonas.
No es tan solo una responsabilidad de la Policía Nacional, sino también de los tribunales que imparten justicia. Debe ser un trabajo conjunto en el que se debe involucrar el Ministerio Público.
Los diputados en la Asamblea Nacional, fuertemente cuestionados en los últimos años, deberían ponerse a trabajar en actualizar las leyes. No es necesario viajar al extranjero para encontrar la receta contra el crimen.
Solo hay que hablar con las familias honestas.
La desintegración familiar es clave en este problema, pero también hay que actuar. La seguridad es un asunto de Estado.
