Fuerza Pública: la contradicción Mulino-Pérez
En la década de los setenta del siglo pasado, estuvo muy de moda los estudios en torno a los componentes que se reserva para sí, el uso monopolizado y legitimado de la violencia institucionalizada; es decir de los cuerpos policiales y militares. En dichos estudios sobresalían la crítica que analizaba como negativo para la democracia, el carácter de casta en que dichos cuerpos armados moldeaban toda su estructura socio institucional, alejada completamente del resto de la sociedad; se trataba de una ideología contradictoria, que por un lado demandaba para dichos estamentos un carácter tutelar de la democracia, pero por el otro veía en el ciudadano una especie de ser subalternalizado que tenía deberes mas no derechos.
La vida democrática en nuestra región pagó muy cara esa forma de diseño de nuestros institutos detentadores de fuerza bruta y a partir de esas experiencias se fue abriendo paso una forma diferente de estructurar los mismos, de tal suerte que sobre estos se ejerciera una mayor fiscalización y control, proveniente desde la sociedad, para evitar el fenómeno que en aquellos tiempos se dio en llamar el sobredimensionamiento de la fuerza bruta sobre la sociedad, que tanto daño hizo a la democracia y al Estado de derecho.
La citada hipertrofia en la relación Estado –sociedad y más concretamente fuerza bruta y democracia, se expresó en la mal recordada frase, que “policía juzga policía”, de fuerte arraigo militar y de casta.
En circunstancias en que en nuestra región asoma el fantasma del sobredimensionamiento de la fuerza bruta institucionalizada, que se traduce en violaciones a los derechos ciudadanos, del cual no se salva nuestro país, el Licdo. Mulino comenzó a darle forma a la constitución de una unidad disciplinaria independiente de la voluntad y lejos de cualquier sentido o conciencia de casta que se pueda estar cultivando en nuestros cuerpos armados.
Desde esta perspectiva y lejos de las diferencias que se puedan tener con el ministro de Seguridad, la iniciativa de crear por ley un organismo de control disciplinario tendría un alcance democrático, sobre todo porque el mismo tendría un carácter independiente de la fuerza pública, conformado por profesionales independientes.
En lo particular, considero que el ministro Mulino hizo bien al poner al descubierto la contradicción de una fuerza pública que venía dando muestras de una forma de operar que se distanciaba del mando civil, nada conveniente para nuestra democracia y los derechos ciudadanos.
Abogado.
