Gas pimienta
Cuando se lanzó gas pimienta a los revoltosos que perturbaron la comparecencia de la contralora Gioconda Torres de Bianchini, hubo también quienes consideraron que algunos diputados panameñistas y perredistas merecían recibir alguna otra sustancia química que les aclarara la mente. Sus preguntas se apartaron del cuestionario que la contralora debía absolver. Como comprobaron que no podían hacerle cuestionamientos de fondo al rol constitucional de la Contraloría, se dedicaron a objetarla con micropreguntas sobre detalles menudos, o a desbordar el marco de la institución, como en el caso de la diputada Ana Matilde Gómez, inquiriéndole acerca de decisiones de la Superintendencia de Bancos, que supervisa bancos de capital privado. El hermano del presidente de la República concentró la artillería en rebuscadas preguntas sobre compras de podadoras a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La imagen de un caos descomunal de la Contraloría creada por los opositores del gobierno de Ricardo Martinelli se vino al suelo, con precisiones sobre los conceptos de control previo y control posterior, establecidas por la Carta Política, leyes y reglamentos afines. Ante las evidencias de la ignorancia parlamentaria sobre los deberes de la institución, la contralora señaló que la fiscalización empieza con la demanda de que los proyectos públicos deben tener una certificación del Ministerio de Economía sobre la existencia de la partida presupuestal de respaldo de la inversión.
En los casos de contratos llave en mano, la empresa contratante debe depositar una fianza de garantía de solvencia. Los pagos del Estado se realizan con el sistema de avance de obra y si la construcción se suspende, automáticamente se suspenden los pagos por avance de obra. Los opositores revelaron que su objetivo político es atacar a la contralora, diga lo que diga, explique lo que explique, ateniéndose a las leyes. La estrategia es doblegarla por cansancio con micropreguntas de una trivialidad aplastante. No advierten que el público los cuestiona ante el espectáculo bochornoso de la incompetencia legislativa.
Así queda de manifiesto que la Contraloría fiscaliza la pertinencia del gasto público, pero no es juez ni policía, según dijo Torres de Bianchini, al aludir que hay procedimientos asignados al Tribunal de Cuentas, al Ministerio Público y a la administración de justicia.
“Esto es un circo, y lo único que le pedimos al presidente es que empiecen a trabajar y cumplir las promesas, como los 58 dólares que propusieron, pero no han cumplido”, declaró el expresidente Ricardo Martinelli ante la inercia del gobierno panameñista. Cambio Democrático ha organizado un shadow cabinet, un gabinete en las sombras, para escrutar y vigilar las tareas incumplidas o deficientemente cumplidas por la alianza PRD-panameñismo.
El fracaso del control de precios de la canasta básica; la dilatada postergación de la vigencia de las tarifas del consumo eléctrico; el caos del transporte público de buses y busitos; la escalada de asaltos y robos en restaurantes, hoteles, bares causados por la negligencia de las autoridades policiales, se amontonan sin solución.
Adicionalmente, la mayoría parlamentaria engendrada por un partido abúlico y un partido aquejado por una enfermedad terminal está sumergida en un desbarajuste monumental con proyectos de reformas electorales inconstitucionales. La comparecencia de titulares de organismos públicos se desfigura con minucias administrativas incompatibles con la seriedad de la Asamblea.
